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112 | Los bienes comunes del conocimiento
descargan software de Internet. Otros de los permisos firmados por bibliotecas
exigen complejas negociaciones previas a las adquisiciones electrónicas,
que a menudo les obligan a comprar series de artículos en lotes, muchos de
escaso interés, si quieren recibir títulos de mayor demanda. Además, estos
contratos centralizan el control sobre el flujo de información y eliminan
muchas protecciones del usuario garantizadas de acuerdo con las leyes de
copyright, como los derechos de uso justo (fair use) de ver, reproducir
y citar cantidades limitadas de material con copyright 11 . Por ende, los
contratos de concesión de permisos impiden a las bibliotecas prestar materiales
a personas ajenas y conservarlos para la posteridad. Además, debido
a que estas bases de datos con permiso son objeto de arriendo más que de
propiedad, la biblioteca no tiene nada que ofrecer a los usuarios si interrumpe
la subscripción, aunque haya pagado sus tarifas anuales durante
muchos años 12 . Cuando llegan los recortes presupuestarios, afirma Siva
Vaidhyanthan, «la biblioteca no tiene rastro alguno de lo que ha comprado:
ni registros ni archivos. Se pierden en su totalidad» 13 .
Al mismo tiempo que bibliotecas e investigadores académicos se ven
presionados a mantener la producción y conservación del conocimiento,
se enfrentan a la imposición de nuevas «medidas de protección tecnológicas»
tales como técnicas de «gestión de derechos digitales» (DRM) que
impiden que los individuos lleven a cabo préstamos dentro del marco
legal y compartan obras creativas, o hagan un uso justo de las mismas
mediante comentarios, parodias, investigación académica o reportajes
informativos. El Congreso ha exacerbado este problema al aprobar leyes
como la Digital Millennium Copyright Act, [Ley de Derechos Digitales
del Milenio], que imponen sanciones penales para quienes logren sortear
la codificación encriptada y otras medidas de protección tecnológica
o, incluso, distribuyan herramientas para sortearla 14 , y la Sonny Bono
Copyright Term Extension Act [Ley Sonny Bono de Ampliación de Plazos
de Derechos de Autor], ambas de 1998, que amplía veinte años más la
duración ya prolongada del copyright, congelando así el dominio público
en el que las obras se encuentran a libre disposición para distribuirlas,
11
Ann Okerson, «The LIBLICENSE Project and How it Grows», D-Lib Magazine, 5/9, septiembre
de 1999, http://www.dlib.org/dlib/september99/okerson/09okerson.html; Yale University
Libraries and the Council on Library Resources, Liblicense, sitio web sobre recursos acerca de
la concesión de permisos a bibliotecas, http://www.library.yale.edu/~llicense/index.shtml;
AFFECT: Americans for Fair Electronic Commerce Transactions, «Why We Oppose UCITA»,
http://www.affect.ucita.com/why.html.
12
Brian Kahin, «Scholarly Communication in the Networked Environment Issues of Principle,
Policy, and Practice», en Robin P. Peek y Gregory B. Newby, Scholarly Publishing: The Electronic
Frontier , Cambridge (MA), MIT Press,1996, pp. 277-298.
13
Siva Vaidhyanathan, The Anarchist in the Library, Nueva York, Basic Books, 2004, p. 120.
14
Digital Millennium Copyright Act, 12 U.S. Code §1201.