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116 | Los bienes comunes del conocimiento
rentemente sin relación con la seguridad nacional, el presidente George W.
Bush promulgó la Orden Ejecutiva 13233, que impedía el acceso público
a los registros presidenciales, que podían anteriormente divulgarse –de
acuerdo con la Presidential Records Act [Ley de Registros Presidenciales], de
1987– doce años después de que un presidente concluyera su mandato 26 .
Más allá de los documentos elaborados por el Estado, el gobierno de
Bush ha llegado hasta el ámbito de la investigación privada para restringir
el acceso público a información sensible. En 2003, sus funcionarios
llegaron a un pacto con los editores de revistas científicas con sistemas
de evaluación por parte de pares que garantiza la retirada voluntaria de
artículos y el rechazo de envíos futuros que pudieran comprometer la
seguridad nacional 27 . Desde entonces, los artículos señalados han desaparecido
de las versiones electrónicas de las revistas científicas. Todas
estas limitaciones al acceso público posteriores al 11S han motivado que
responsables de todo el espectro político, incluido el presidente de la
Comisión sobre el 11S, hicieran sonar las alarmas ante la introducción
por parte del Estado de restricciones innecesarias a información cotidiana
esencial para asegurar la salud y la seguridad públicas 28 . Si bien
hay restricciones que son necesarias contra amenazas reales, especialistas
académicos, defensores de las libertades civiles y bibliotecarios alertan de
que la presunción de secretismo en detrimento de la divulgación congela
la apertura necesaria para acelerar el progreso del conocimiento técnico
y acrecentar la comprensión por el país de las amenazas potenciales 29 .
Ese exceso de celo en las restricciones al acceso público a la información
tiene como resultado un cercamiento innecesario de datos públicos,
cercamiento que frustra la innovación y creatividad de estudiosos e investigadores
ansiosos por resolver problemas globales.
Por último, una discusión acerca del cercamiento no debe pasar por
alto el acceso diferencial a Internet y otras herramientas de comunicación,
26
American Library Association, Washington Office, «Executive Order 13233, 1 de noviembre
de 2001, Further Implementation of the Presidential Records Act», http://www.ala.org/ala/
washoff/WOissues /governmentinfo/laadmin.htm#exec.
27
«Statement on Scientific Publication and Security-January 2003», Science, vol. 299, núm.
5610, 21 de febrero de 2003, pp. 1149.
28
Scott Shane, «Since 2001, Sharp Increase in the Number of Documents Classified by the
Government», The New York Times, 3 de julio de 2005, pp. 1, 14.
29
American Association of University Professors, Academic Freedom and National Security in
a Time of Crisis, «Report of an AAUP Special Committee», Academe: Bulletin of the American
Association of University Professors núm. 89/6, noviembre-diciembre de 2003, http://www.aaup.org/
statements/REPORTS /Post9-11.pdf; National Research Council (NRC), Committee on Research
Standards and Practices to Prevent the Destructive Application of Biotechnology, Biotechnology
Research in an Age of Terrorism, Washington DC, National Academies Press, 2004; John Podesta,
«Need to Know: Governing in Secrecy», en Richard C. Leone y Greg Anrig Jr., The War on Our
Freedoms: Civil Liberties in the Age of Terrorism, Nueva York, Century Foundation, 2003.