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La acción colectiva, el compromiso cívico y el conocimiento como bien común | 275
Sin embargo, el poder empresarial representa una constante amenaza para
los bienes comunes del conocimiento. Incluso si algunas empresas encuentran
que sus intereses se alinean temporalmente con las normas del libre
acceso, siempre existe la posibilidad de que grandes firmas acoten o debiliten
los bienes comunes. Este riesgo requiere una vigilancia permanente y una
respuesta organizada, que solo las asociaciones pueden proporcionar.
En segundo lugar, una asociación es potencialmente democrática.
Puede ofrecer a sus miembros oportunidades para deliberar acerca de las
distintas políticas y tomar decisiones colectivas mediante procedimientos
justos. En cambio, los bienes comunes de libre acceso son difíciles de
regular, aun cuando la gran mayoría de los participantes considera (y lo
considera acertadamente) que deberían imponerse determinadas normas.
Por ejemplo, podríamos desear que Internet combinara la libre expresión
con la privacidad y evitara molestias como el spam. Un bien común es
a veces más eficiente y duradero cuando «la mayoría de los individuos
afectados por la normativa del recurso puede participar en la creación y
modificación de sus reglas» 21 . No obstante, en la medida en que Internet
es de verdad un bien común de libre acceso, no pueden imponerse tales
regulaciones, aun cuando sean populares y legítimas.
En tercer lugar, una asociación puede articular públicamente un completo
conjunto de valores. Un bien común de libre acceso es libre, pero la
libertad puede ser la única norma moral que encarne. En cambio, una universidad,
una congregación religiosa o una asociación profesional pueden
declararse defensoras de un grupo de valores, como la libertad, el acceso
público, la verdad, la sostenibilidad, la fiabilidad y/o la honradez 22 . En
algunos casos, un gobierno puede monitorizar la asociación para asegurarse
de que cumple su misión.
En cuarto lugar, una asociación puede hacer proselitismo, en el mejor
sentido de la palabra. Cualquier bien común depende de un exigente conjunto
de normas y compromisos, como la confianza, la reciprocidad, la visión
a largo plazo, el optimismo acerca de las posibilidades de la acción voluntaria
colectiva y el compromiso personal. En este capítulo, describiré a la gente
que tiene una «actitud cívica» como aquella que ha interiorizado estas normas
en relación con un determinado bien público. Las personas son «cívicas»
si se ven como responsables del bien común y actúan en consecuencia.
Es poco probable que una identidad cívica se desarrolle de forma automática.
Deben enseñarnos a ser cívicos; no nacemos así. Cada generación
debe transmitir a la siguiente una preocupación moral por los bienes
21
E. Ostrom, «Collective Action and the Evolution of Social Norms», Journal of Economic
Perspectives, vol. 14, núm. 3, verano de 2000, p. 150.
22
Véase la sección «Criterios evaluativos» del capítulo 3 de este volumen.