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114 | Los bienes comunes del conocimiento
como consecuencia dejar un marco político enormemente controvertido
en lo tocante a la información y la cultura, y congelar el intercambio de
información dentro del marco legal 18 .
Quizá la medida tecnológica objeto de más vehemente disputa a la hora
de controlar el acceso a la información son los filtros de Internet. Diseñados
inicialmente para uso doméstico, los filtros son hoy de uso obligado en
colegios y bibliotecas públicas si quieren recibir el apoyo de fondos federales
de acuerdo con la Children’s Internet Protection Act [Ley de Protección
de la Infancia en Internet], ratificada por el Tribunal Supremo en junio
de 2003. Por desgracia, los filtros causan más perjuicios que ventajas, bloqueando
el uso de miles de recursos legales y útiles para adultos mientras
que muchas imágenes prohibidas siguen estando disponibles. Aunque el
Congreso decretó los filtros con el fin de limitar la exposición de menores
a imágenes de pornografía infantil o de otros materiales de Internet
considerados perjudiciales para ellos, exige que las bibliotecas públicas
instalen este software restrictivo en todos los ordenadores, incluidos los
utilizados por adultos y personal. Aunque facultades y universidades no se
vean directamente afectadas por esta ley, muchas de las bibliotecas públicas
a las que sí afecta, como las de Nueva York y Boston, prestan servicio a los
estudiosos lo mismo que al público en general 19 .
Otro tipo de cercamiento revivido tras los atentados terroristas de septiembre
de 2001 lo constituye la serie de medidas aplicadas por el Estado
para proteger el país clausurando información «sensible». Estas medidas,
semejantes a muchas de las impuestas durante la Guerra Fría 20 amplían
enormemente el secretismo del Estado en casi todos los ámbitos, restringiendo
el acceso a información crucial de salud y seguridad y eliminando
información sensible, pero no clasificada de sitios web y revistas científicas.
La más visible de estas medidas es la Patriot Act, aprobada con una serie de
controvertidas medidas de vigilancia sólo cuarenta y cinco días después
18
A & M Records v. Napster, 239 F.3d 1004, 9th Cir. 2001; Metro-Goldwyn-Mayer Studios v.
Grokster, U.S. Supreme Court, nº 04-480, Syllabus and Opinion of the Court, June 27, 2005. Para
una visión general de estos casos y de los intentos de detener la práctica de compartir archivos,
véase Heins, «The Progress of Science and Useful Arts» pp. 35-41.
19
Para más información sobre filtros y CIPA, véase U.S. Supreme Court, United States et al.
v. American Library Association, et al., núm. 02-361, Syllabus and Opinion of the Court, 2003,
http://www. supremecourtus.gov/opinions/02pdf/02-361.pdf; National Research Council, Tools
and Strategies for Protecting Kids from Pornography and Their Applicability to Other Inappropriate
Internet Content, Washington DC, National Research Council, 2001, http://books.nap.edu/
html/youth_internet/; U.S. Children’s Online Protection Act Commission, Final Report of
the COPA Commission Presented to Congress, October 20, 2000, Washington DC, Government
Printing Office, 2000, http://www. copacommission. org/report/; U.S. District Court for Eastern
Pennsylvania, American Library Association v. the United States et al. No. 01-1303: Opinion of the
Court, Filadelfia, 31 de mayo de 2002, http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/civilliberties/
cipaweb/legalhistory/internet.pdf; Association, «CIPA», página web, http://www.ala.org/cipa.
20
Nancy Kranich, «Government Information: Less Is Dangerous», Thought and Action: The NEA
Higher Education Journal, vol. 4, primavera de 1988, pp. 37-48.