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178 | Los bienes comunes del conocimiento
deberes requeridos para conservar registros históricos, culturales o académicos.
Otros investigadores mejor cualificados que yo sin duda podrán juzgar
si las diversas revisiones recientes de los derechos de autor son constitucionales
o si producen un buen equilibrio entre intereses privados y el
dominio público. No obstante, apenas hay indicios de que las actividades
de conservación de materiales digitales tengan suficiente peso en los
debates sobre propiedad intelectual y así, las consecuencias de la nueva
ley o la revisión judicial de los derechos de autor para la conservación
apenas reciben atención alguna, a pesar de ser cambios potencialmente
muy radicales. Una parte del problema es que no hemos sido muy rigurosos
como comunidad a la hora de definir la función de archivado de las
informaciones digitales.
En el último decenio, el significado de la palabra archivos ha ido
ganando en complejidad. La tradicional definición ajustada de un archivo
como un repositorio, cuya responsabilidad a largo plazo es conservar registros
culturales, se ha abierto para admitir casos como la Open Archives
Initiative, los «autoarchivos académicos» o los «archivos informáticos», que
simplemente recopilan colecciones de interés o incluso sistemas ordinarios
de copia de seguridad diaria. Estos significados, de imprecisa definición,
suelen a menudo equipararse o asociarse con definiciones más rigurosas, y
tienden así a generar más confusión que claridad.
Aquí tenemos, por ejemplo, una definición bastante frecuente de la
misión de un archivo digital, aparecida en el reciente informe de un
proyecto financiado por la Andrew W. Mellon Foundation: «Destinado
a garantizar la conservación a largo plazo y la disponibilidad general de
informaciones digitales». Más adelante analizaré brevemente los serios
problemas en torno al acceso, que comporta la fórmula «disponibilidad
general», pero ya el término «conservación a largo plazo» es excesivamente
amplio, porque no todo puede conservarse y porque la función
de archivado, definida estrictamente, se asocia específicamente a la tarea
muy particular y selectiva de detectar y conservar registros históricos,
culturales o académicos. La conservación constituye en todo caso una
misión abrumadora. Si la definición de archivo no se restringe a este
objetivo muy estricto, será difícil que responsables políticos como, por
ejemplo, los miembros del Congreso, los jueces o los funcionarios que
hacen labores de investigación para su propio uso, perciban el valor y la
importancia particular de esta misión para valorar las consecuencias de
sus potenciales decisiones sobre la capacidad de una comunidad académica
para gestionar y conservar sus registros culturales.