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74 | Los bienes comunes del conocimiento
afectados. De hecho, hoy pueden observarse conflictos de valores en el
seno de la academia, que mantiene vínculos estrechos con empresas patrocinadoras
y en la que se están mercantilizando cada vez más los procesos
educativos (Argyres y Liebeskind, 1998; Vaidhyanathan, 2002; Bollier,
2002a). Así, pues, los valores de la comunidad se han hecho más complejos
y fragmentados.
El análisis de los bienes comunes tradicionales ha demostrado que es
más probable que un grupo pequeño y homogéneo sea capaz de sostenerlos
(Cardenas, 2003; National Research Council, 2002). Una comunidad
de proveedores y administradores unida en torno al carácter público del
recurso de la información o el conocimiento puede denominarse homogénea.
La homogeneidad puede ser muy importante para la solidez final de
un determinado tipo de bienes comunes. Una de las características más
sorprendente que favorece los bienes comunes digitales a escala global –
tales como el movimiento de software de código abierto– es el alto nivel
de cooperación y coordinación alcanzado por individuos evidentemente
dispares, muchos de los cuales jamás han mantenido contacto cara a cara.
Definir la comunidad de conocimiento digital es particularmente fructífero
para analizar un bien común complejo, ya que algunos miembros
o grupos pueden no ser fácilmente reconocibles, si queremos considerar
todos los tipos y niveles distintos de usuarios, proveedores y reguladores.
Levine (capítulo 9) coloca a la comunidad como eje central del debate:
en su procomún asociativo, la comunidad en sí constituye el recurso. Es
también el caso de los bienes comunes de libre acceso que Suber y otros
debaten en la presente obra y cuyos recursos son similares a los tradicionales
bienes comunitarios rurales, si olvidamos que el espacio compartido es
más virtual y/o intelectual que físico.
Las normas en vigor
Entendemos por normas los marcos normativos compartidos que establecen
lo que un actor situado en una determinada posición debe, no
debe o puede hacer en una situación de acción particular, y que están
respaldados al menos por una mínima capacidad sancionadora en caso de
incumplimiento (Crawford y Ostrom, 2005). Cuando estas instrucciones
normativas se encuentran meramente escritas en procedimientos administrativos,
legislaciones o contratos, y no son conocidas por los participantes
o aplicadas por estos u otros, se consideran normas de orden «formal».
Las normas en vigor, en cambio, son por lo general conocidas y aplicadas,
y generan oportunidades y obligaciones para quienes interactúan en
ese entorno determinado. Pueden analizarse estas normas en tres esferas o
escalas: la operativa, la de opción colectiva y la constitucional.