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Cómo construir los bienes comunes | 241
los que fotocopian materiales protegidos y los titulares de los derechos de
autor. El CCC es un pilar básico en la mayoría de las universidades, lo que
proporciona una forma cómoda de montar y financiar paquetes de cursos.
Pero mientras la ley formal hace que el CCC sea necesaria, su funcionamiento
real no se realiza plenamente dentro del ámbito legal. A menudo
los pagos no podrán efectuarse debido a la ineficiencia de la supervisión,
especialmente cuando se trata de las entidades más pequeñas. En otras
ocasiones, se realizan pagos que no son necesarios, como en el campo de las
leyes y de los casos judiciales, que ni siquiera están protegidos por la ley de
derechos de autor. Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual,
como Broadcast Music, Inc. y ASCAP, que se encargan de recoger
y pagar los derechos de expedición de licencias para la realización de obras
musicales, funcionan también a través de la autorregulación. La legislación
sobre patentes incluye menos ejemplos de organizaciones que concedan
licencias, en parte debido a la importancia del papel de la Patent and
Trademark Office de Estados Unidos, una agencia del gobierno, encargada
de la administración de las patentes. No obstante, consorcios de patentes y
programas de licencias cruzadas sirven como una forma de autorregulación
de las patentes. Estos sistemas a menudo vigilan el uso de las patentes y en
privado regulan el desarrollo y la difusión de las tecnologías patentadas.
El caso de irrelevancia es, en gran medida, un caso de prioridad de las
normas informales y de las costumbres sobre la ley formal. No obstante,
existe una fórmula económica alternativa para este argumento. En su artículo
«The Problem of Social Cost» (1960), Ronald Coase demostró que,
en el caso de las controversias, las normas jurídicas oficiales que definen los
derechos de propiedad son irrelevantes para la asignación final de recursos
cuando los costes de transacción de la negociación son lo suficiente
reducidos. En su opinión, las normas legales formales definen los derechos
iniciales a partir de los cuales las partes afectadas pueden negociar para
reasignar derechos, mientras nada obstaculice la negociación. Aunque este
punto de vista se inscribe en el marco de los «costes sociales», al prototipo
asociado al punto de vista ligado a las actividades contaminantes, su
argumento se extiende a los «beneficios sociales» vinculados a la propiedad
intelectual. En el planteamiento canónico de la propiedad intelectual
una persona crea una obra de arte, una medicina, una máquina cuyos
beneficios sociales exceden los beneficios destinados al individuo creador.
Debido a que los beneficios sociales superan el beneficio privado, al individuo
creador le faltarán incentivos económicos adecuados para producir
y distribuir el trabajo en la sociedad al carecer de la capacidad de captar
todos los beneficios sociales de su creación. En la teoría de Coase, los derechos
legales se pueden definir para interiorizar la externalidad, pero desde
el punto de vista de la eficiencia en la asignación de los recursos es en gran