en colombia

100 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 101
galo. La realidad fue, sin embargo, otra bien distinta. El país vecino no reguló
esta institución hasta la segunda década del siglo xx 12 . La presencia del registro
en el C. Co. 1829 fue una creación de su autor, en la que influyeron una
serie de factores de orden histórico y económico que lo llevaron a establecer
un registro general del comercio como elemento dinámico del crecimiento
y desarrollo de nuestra economía 13 .
12 Sobre la evolución del registro mercantil francés, vid. al respecto, el exhaustivo estudio
realizado por Sequeira Martin, 1995.
13 La creación del RGC responde a un triple condicionamiento. En primer lugar, su creador
pretendía conservar en manos del monarca un cierto control en la creación de
sociedades, sin llegar a ser el sistema de octroi o concesión real (sobre este particular,
vid. Garrigues. 1933 y recientemente Porfirio Carpio, 1995), la inscripción obligatoria en
un registro estatal, a cargo de un funcionario público, que podía denegar la inscripción
(artículo 13 C. Co. 1829), a petición del síndico (cuya figura histórica analiza García
de Valdeavellano, L. 1982, y en el que destaca su origen gremial) del municipio donde
pretendiese ejercer el comercio, no dejaba de ser una medida que no respondía del
todo a los postulados del liberalismo que promulgaban la libertad de comercio una
vez abolidos los sistemas gremiales que suponían una cortapisa a la libertad de elección
profesional y de establecimiento (como pone de manifiesto Olivencia, M. en El
derecho mercantil de la codificación, y Jiménez Sánchez, 1997). Sobre los gremios en
particular, vid. Alonso Olea, El trabajo en la ciudad medioeval y el gremio. La segunda
motivación que impulsó a Sáinz de Andino a promover el RGC residió en su firme
creencia del impulso que este registro, como instrumento de seguridad tanto para
los comerciantes como para los terceros, supondría en el desarrollo de las relaciones
comerciales. Finalmente, el tercer factor se concreta en la doble función que desempeñaba
el RGC como fuente de ingresos para la Hacienda Real y, al mismo tiempo,
como referente estadístico que permitiese conocer los aspectos concretos que reflejaba
de la evolución del comercio en nuestro país (efecto que, por cierto, perdura en
nuestros días a través de las estadísticas que publica de forma anual la DGRN sobre
los datos societarios que obran en su poder). Sobre estos dos últimos factores pueden
consultarse las recomendaciones elaboradas por el propio Sáinz de Andino el mismo
año de promulgación del C. Co. 1829, en Exposición al Rey N. S. sobre la situación política
del Reyno y medios de su restauración (recogida en García Madaria, 1982).
El código de Sáinz de Andino, como toda codificación mercantil, supone una nacionalización
del Derecho Mercantil (vid., sobre este particular, Jiménez Sánchez, 1993).
Esta norma, que supone el tránsito del sistema de la matrícula gremial al de control
estatal de la actividad empresarial, constituye un vivo ejemplo de la evolución que
ha marcado al derecho mercantil desde el Ius mercatorum bajomedieval, pasando
por su etapa de codificación-nacionalización hasta llegar a la época actual, en la
que asistimos a un resurgimiento del Ius mercatorum como derecho supranacional
(sobre el particular, puede verse, por todos, Olivencia, 1993). La materia registral,
y concretamente el principio de legalidad, también han pasado por estas distintas
fases. En un primer momento la inscripción en la matrícula del gremio revestía un
El registro público de comercio tenía un ámbito territorial provincial
y su llevanza le correspondía al Secretario de Intendencia de la Provincia 14 .
El artículo 11 C. Co. 1829 establecía la obligatoriedad de inscribirse en la matrícula
de comerciantes a toda persona, física o jurídica, que se dedicase al
comercio. Por su parte, el artículo 25 C. Co. 1829 establecía la inscripción obligatoria
de los documentos relativos al tráfico empresarial o al ejercicio del
comercio. Y, en ambos casos, la ausencia de inscripción conllevaba, por un
lado, la inoponibilidad de esos documentos a terceros (artículos 27 a 29 C. Co.
1829) y, por otro, una elevada sanción pecuniaria 15 .
El procedimiento de registro era distinto según se tratase de comerciantes
o de documentos. La inscripción de los comerciantes, como ha puesto de
manifiesto Menéndez (s. f.), se conseguía a través de un complicado sistema:
declaración por escrito ante la autoridad civil municipal de su domicilio,
con el visto bueno del síndico procurador del pueblo, seguida del envío de un
duplicado de la inscripción al intendente de la provincia, quien dispondría
posteriormente la anotación en la matrícula de comerciantes. (p. 20)
La inscripción de documentos, por su parte, resultaba mucho más sencilla
al revestir menos formalidades. Consistía, simplemente, en la presentación
carácter privado, y se alcanzaba previa superación de una serie de requisitos (antigüedad,
experiencia, etcétera), y la aceptación de los miembros de la cúpula gremial.
Esta incorporación facultaba para el ejercicio de la actividad concreta, así como para
ascender en los distintos escalafones del sistema gremial. Pero estos requisitos se
convirtieron, con el advenimiento del C. Co. 1829, y perduran hasta nuestros días, en
«formales» –con alguna excepción: recordemos el visto bueno del síndico–. La nueva
realidad supranacional a la que nuestro país pertenece desde mediados de los
años ochenta: la actualmente denominada Unión Europea, ha incidido o incide en
la existencia del principio de legalidad, recogiéndolo en diversas directivas: artículo
10, Primera Directiva del Consejo (68/151/CEE). (Vid., al respecto, Menéndez, 1990 y
Gimeno y Gómez Lafuente); artículo 16, Tercera Directiva del Consejo (78/855/CEE)
(puede verse, al respecto, por todos, Sequeira Martín, A. El control de legalidad y la
publicidad en la fusión según la Tercera Directriz (78/855/CEE) concerniente a la fusión
interna de sociedades por acciones. Dificultades que puede plantear una futura
adecuación de nuestra legislación. (1984). Revista Crítica de Derecho Inmobiliario,
n.° 560, pp. 83-127). Todo esto nos permite pensar que el control de legalidad se ha
elevado por encima de las normativas nacionales para entrar a formar parte integrante
de los elementos comunes jurídico-preventivos del perseguido espacio único
europeo.
14 Sobre la organización administrativa del Estado (vid. Sáinz de Andino).
15 La inscripción era obligatoria, pero no constitutiva de la condición de empresario.