en colombia

550 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 551
primero, esta última deberá acreditar plenamente ante el juez que el tercero
con el cual tiene la diferencia o litigio es de mala fe, porque efectivamente
conocía el contenido del documento inscrito y el error cometido por la entidad
registral. Por el contrario, si es el tercero quien pretende privilegiar la
información inscrita, pero mal certificada, bastará que así lo manifieste al
juez o entidad administrativa, pues de otra forma el juzgador o funcionario
público deberá otorgar pleno valor probatorio a lo certificado por la cámara,
por corresponder a la oponibilidad formal o real y no a una simple presunción,
salvo que se pruebe la mala fe del tercero.
Pero también es cierto que el tercero podrá invocar la falsedad de la certificación
y pedir supletivamente como prueba una inspección judicial a los
libros de la cámara de comercio en donde se realizó el registro. De no ocurrir
lo anterior, el juez no podrá desatender el contenido expreso de la certificación
expedida por la cámara de comercio, bajo el pretexto de proteger a
la sociedad respecto al contenido de la escritura pública de constitución o
reforma objeto de inscripción; lo anterior, debido a que la sociedad no fue
lo suficientemente prudente y diligente, al no haber verificado el contenido
de las certificaciones que venía expidiendo la entidad registral, cuando previamente
tuvo conocimiento exacto del documento inscrito y, por lo tanto,
pudo conocer la contradicción existente.
Se insiste, para que un juez pueda desatender el texto preciso y exacto
de la certificación registral y darle prelación al contenido del documento
inscrito que origina dicha certificación, deberá proceder previamente a declarar
la falsedad de la certificación, a petición de parte, y, además, a declarar
que el tercero que litiga en el proceso y pretende beneficiarse del contenido
del documento registral es un tercero de mala fe. Por tanto, sin que se demuestre
lo último (la mala fe), por más que el juez penal declare la falsedad
del certificado, dicha declaratoria no tendrá la virtud de dañar a los terceros
de buena fe y que obraron teniendo en cuenta el contenido del certificado
registral, a los cuales se les considera como terceros de buena fe exenta
de culpa. Sin una declaración judicial previa de falsedad o inexactitud, y la
acreditación de la mala fe del tercero, no puede desconocerse el contenido
del certificado expedido por la cámara de comercio, el cual, por virtud legal
y tratándose de un documento público, está amparado por una presunción
de legalidad y refrendado por un valor probatorio prevaleciente y excluyente,
según lo dispone el artículo 117 del C. Co. Lógicamente, la declaración de
falsedad de una certificación opera hacia el futuro y no frente a los terceros
que previamente contrataron, ateniéndose a su contenido.
La idoneidad y prevalencia de la certificación registral frente a lo realmente
inscrito no se discute en derecho comparado. Con razón, el artículo
77 del Reglamento del Registro Mercantil Español dispone: «La certificación
será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos
de registro». Por su parte, el artículo 9 del mismo estatuto dispone:
Artículo 9. Oponibilidad. Los actos sujetos a inscripción solo serán
oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil. Quedan a salvo los efectos
propios de la inscripción.
En caso de discordancia entre el contenido de la publicación
y el contenido de la inscripción, los terceros de buena fe podrán
invocar la publicación si les fuere favorable.
Quienes hayan provocado la discordancia estarán obligados
a resarcir al perjudicado.
La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que
conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y
no publicado, o la discordancia entre la publicación y la inscripción.
2.8 La responsabilidad de la entidad certificadora
2.8.1 La certificación como acto administrativo
Hay que tener presente que el hecho de expedir un certificado por parte de
las cámaras de comercio implica una actuación administrativa que culmina
con un acto administrativo que la doctrina especializada ha denominado
declarativo, el cual tiene unos efectos y vida jurídica propia e independiente
al documento que se certifica:
[…] debemos concluir que las certificaciones expedidas por las cámaras
de comercio son verdaderos actos administrativos como
quiera que dichas certificaciones son expedidas en virtud de las