en colombia

422 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 423
de instrucción pública y beneficencia, advirtiendo que los particulares
que contrataran con tales entidades debían pagar el impuesto que a ellos
correspondiere.
Mediante la Ley 8.ª de 1909, el impuesto, que antes pertenecía a la
Nación, pasó a ser propiedad del Departamento, y su tarifa se modificó mediante
la Ley 52 de 1920, artículo 1.º, y fue nuevamente incrementada por
la Ley 24 de 1963, que señaló la destinación de tal aumento, para fines de
asistencia social preferentemente.
Mediante la Ley 128 de 1941, artículo 10, se creó una sobretasa del impuesto,
con el objeto de atender los gastos que demandara el funcionamiento
de las oficinas seccionales, y el levantamiento catastral y de la carta
militar, catastral y agrícola.
Con el artículo 7 de la Ley 24 de 1963 se previó que: «El impuesto de registro
y anotación se seguirá pagando en su totalidad a favor de los departamentos,
intendencias y comisarías donde estén ubicados los bienes inmuebles
objeto de transacción». Igualmente, se destinó un porcentaje del 30 %
del impuesto recaudado en Cundinamarca al Distrito Especial de Bogotá.
Los Decretos reglamentarios 2904 de 1966, y 448 de 1968, precisaron
cuál sería el sujeto activo del impuesto en aquellos casos en que se presentara
la dualidad de competencia impositiva por dos o más entidades territoriales,
y, en su artículo 5, señaló que cuando el acto o contrato no se refiriera
a inmuebles ni a derechos radicados en esta clase de inmuebles, el impuesto
debía pagarse en su totalidad en el lugar de otorgamiento del instrumento; y
si se trataba de actos judiciales, en el lugar donde se hubiere seguido el juicio.
En ejercicio de las facultades otorgadas al presidente de la República,
por medio de la Ley 8 de 1969, se expidieron, entre otros, los decretos 1250
y 2157 de 1970. Mediante el primero, se reguló todo lo concerniente al registro,
y se establecieron, en su artículo 2, los actos jurídicos sometidos a dicha
formalidad, ratificando el principio general de que están sometidos a esta
formalidad:
Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral
que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación,
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre
bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.
En relación al impuesto de Registro y Anotación en sí, dispuso en su
artículo 95 que:
El impuesto sobre Registro y Anotación, y la sobretasa de catastro,
establecidos en leyes especiales, se causarán por el registro o inscripción
de los actos y contratos gravados con ellos. Su liquidación
y recaudo, en cuanto se refiere a las escrituras públicas, se hará
directamente por las oficinas que actualmente los realizan, sobre
las copias de las escrituras que contengan los actos y contratos,
providencias judiciales, administrativas o arbitrales; y los comprobantes
de pago se presentarán ante las oficinas de registro respectivas
o las correspondientes cámaras de comercio, requisito sin
el cual no podrán recibir trámite para su registro o inscripción.
El Decreto1250 de 1970, en su artículo 96, derogó expresamente lo siguiente:
los artículos 1 de la Ley 39 de 1890, 38 y 39 de la Ley 95 de 1890, 7 de la Ley 52 de
1920, la Ley 40 de 1932, y las demás disposiciones relacionadas con el registro de
instrumentos públicos, que resultaren contrarias a lo previsto en dicho decreto.
Es decir, que, de acuerdo con la nueva ley, solo estaban sujetos a registro
los actos, contratos, providencias judiciales, administrativas o arbitrales que
implicaren constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación,
limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio,
u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces; salvo la cesión
del crédito hipotecario o prendario, los contratos de prenda agraria o industrial,
y los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de
las anteriores inscripciones (y todos aquellos otorgados ante notario por ley,
que debieran inscribirse en las cámaras de comercio). Aunque la ley previó
tal obligación para la venta de automotores, esta norma fue derogada por el
Decreto 2157 de 1970, que ordenó que tal registro de automotores se llevara
ante las autoridades de tránsito.
Determinó así la ley, de manera precisa, el hecho generador del impuesto
de Registro y Anotación, sin que pueda la Administración extenderlo a
actos jurídicos, administrativos o judiciales distintos a los expresamente
consagrados en la ley. Tampoco puede asimilar un contrato que implica limitación
del derecho de dominio, como es el de usufructo, con otros contratos
como el de concesión o arrendamiento.