en colombia

392 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 393
ser registrada. De hecho, el numeral noveno del artículo 28 del Código de
Comercio ordena que se inscriba la «remoción» de representantes legales
y de liquidadores, pero ninguna referencia se hace a su retiro voluntario. En
el proyecto de lo que terminó siendo la Ley 222 de 1995, la Superintendencia
de Sociedades (originadora del proyecto de ley) regulaba en cierto detalle la
inscripción de la renuncia de los administradores y de los revisores fiscales,
de lo cual nada quedó en el texto de la ley aprobada por el Congreso. Sin
embargo, desarrollos jurisprudenciales mencionados en este mismo trabajo
(ver «Los administradores y el revisor fiscal») han impuesto a las cámaras de
comercio la obligación de inscribir la renuncia con alcances limitados y confusos.
Así las cosas, la decisión unilateral de un administrador o revisor fiscal
de hacer dejación de su cargo, comunicada al órgano nominador, podrá ser
inscrita en el registro público mercantil, sin que de allí se derive la cancelación
del nombramiento de quien se retira, el cual seguirá apareciendo en los
certificados de la cámara de comercio para efectos de obligaciones, responsabilidades
y oponibilidad de la designación frente a terceros.
2.10 Las sucursales y agencias
La sociedad comercial puede tener uno o varios establecimientos de comercio,
de los cuales son un ejemplo relevante las sucursales y las agencias; las primeras
(artículo 263, C. Co.) son administradas por un funcionario de la compañía
que tiene capacidad de representación de la persona jurídica, mientras que las
segundas (artículo 264, C. Co.) están a cargo de un funcionario que administra
parte del patrimonio de la sociedad, pero no puede llevar la vocería corporativa
por activa y por pasiva, a excepción de los efectos laborales derivados del artículo
33 del Código Sustantivo de Trabajo. Como establecimientos de comercio,
se crean mediante decisión del órgano competente (Asamblea General de
Accionistas, Junta Directiva o Junta de Socios), que se hace público por medio
de la inscripción en el Registro Mercantil de la sede del establecimiento de la
parte pertinente del acta y del nombramiento del administrador (artículo 28
(6), C. Co.). El efecto de este registro es de oponibilidad 16 . De manera igual se
procede a la cancelación del establecimiento de comercio.
2.9 La remoción
La decisión del órgano corporativo competente de despojar de su cargo a los
administradores (representantes legales, gestores, factores y miembros de
Junta Directiva) y al revisor fiscal principal y suplente, no releva de derechos y
obligaciones al removido, hasta tanto no se produzca el registro del nombre
de quien ha de sustituirlo. Con la precisión hecha por la Corte Constitucional
sobre plazo para la designación del reemplazo, y sobre efectos del mantenimiento
del registro, debe dejarse claro que tal remoción debe aparecer en el
registro público mercantil y podrá probarse con certificado expedido por la
cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el Registro
Mercantil, tal como lo disponen los artículos 28 y 30 del Código de Comercio.
La inscripción de la remoción producida por el nominador es una advertencia
a terceros más o menos inocua, y bastante confusa en sus alcances, con
fines básicamente internos, que mantiene vigentes las designaciones de los
removidos frente a la sociedad y a quienes no sean los asociados.
2.11 La cesión
Si bien la reforma estatutaria de la cual se deriva el traspaso de las cuotas
sociales es consensual, la cesión misma es solemne, tal como lo establece
para las compañías de responsabilidad limitada el artículo 366 del Código de
Comercio: «La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so
pena de ineficacia». Se ratifica en esta norma que la inoponibilidad se deriva
del registro, no solo frente a terceros sino frente a la compañía misma (que en
realidad es un tercero con relación al cedente y al cesionario), disponiéndose
16 A raíz de la promulgación de la Ley 1607 de 2012, se incorporó a la legislación
colombiana el concepto de establecimiento permanente, que es entendido como
«un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera,
ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural sin
residencia en Colombia, según el caso, realiza toda o parte de su actividad». Las
sucursales de sociedades extranjeras son tomadas como típicos ejemplos de establecimientos
permanentes. El Decreto 2620 de 2014 reguló lo relativo a la inscripción
y cancelación del RUT para las personas naturales no residentes en Colombia
y las sociedades y entidades extranjeras que realicen operaciones a través de establecimientos
permanentes diferentes a sucursales.