en colombia

212 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 213
como procedimiento administrativo
requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un
(1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término, para decidir.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud
o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que
antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un
término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición,
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales.
De tal manera que cuando sea posible completar la petición, porque
su trámite no es opuesto a la ley, se «requerirá» al peticionario dentro de
los diez días hábiles siguientes a la radicación de los documentos, con el
objeto de que los complete o aclare dentro del plazo máximo de un mes. Y
si lo hiciere, se tramitará y decidirá la petición dentro del término legal de
quince días hábiles, que se contarán de nuevo a partir del momento en que
se reingrese la petición en debida forma. De lo contrario, si no entrega los
documentos requeridos o no llena los requisitos exigidos, se entenderá que
desiste de la petición formulada y el expediente deberá archivarse.
Lo mismo ocurrirá cuando el interesado deba cumplir con alguna gestión
a su cargo (por ejemplo, acreditar el pago de las expensas registrales), a
fin de que la efectúe en el plazo de un mes, tiempo en el cual se suspende el
término para decidir.
En cualquiera de los dos eventos previstos en la norma, el peticionario
podrá pedir la prórroga del plazo hasta por un término igual (hasta por otro
mes), siempre que no se haya vencido el plazo para cumplir el requerimiento.
Pero, se insiste, si no completa los requisitos, o no adelanta la gestión de
trámite oportunamente, se entenderá desistida la petición de registro.
Por tanto, cuando las cámaras de comercio, al ejercitar el control de legalidad
sobre la solicitud (en virtud de lo previsto en el numeral 1.4.1 del
cap. primero del título viii, de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio) lleguen a advertir inconsistencias u omisiones en la
documentación que impidan adoptar de forma inmediata la decisión de
fondo (efectuar el acto de inscripción), deberán emitir, dentro de los diez
días hábiles siguientes a su recepción, los respectivos requerimientos escritos
(llamados tradicionalmente cartas de devolución), explicando los requisitos
omitidos o defectuosamente incluidos.
Estas cartas de devolución, o requerimientos escritos, tienen el propósito
de impulsar la actuación registral hacia su conclusión, pues a través de los
mismos se puede recabar del interesado toda la información indispensable
para adoptar una decisión de fondo: sea la inscripción o una resolución de
abstención de registro. Se trata de actos preliminares, que no ponen fin ni
deciden de forma directa o indirecta el fondo del asunto, sino que a través
de los mismos se compone o se prepara la culminación de la actuación registral,
por lo que «las determinaciones que en ellos se adoptan, se hacen
justamente para impulsar y dar continuidad al proceso» 19 .
Según lo acabado de expresar, las cartas de devolución que expiden las
cámaras de comercio, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011,
tienen el carácter de actos administrativos de trámite:
Los actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos,
no expresan en concreto la voluntad de la administración;
simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias
que preceden a la formación de la decisión administrativa que se
plasma en el acto definitivo.
Según el inciso final del artículo 50 del C.C.A., «son actos
definitivos que ponen fin a la actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos
de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible
continuarla». En tal virtud, según lo ha entendido la doctrina y la
jurisprudencia, los actos de trámite y preparatorios, como su nombre
lo indica, dan impulso a la actuación preliminar de la administración,
o disponen u organizan los elementos de juicio que se
requieren para que ésta pueda adoptar, a través del acto principal
o definitivo, la decisión sobre el fondo del asunto. Es obvio, como lo
19 Consejo de Estado, Exp. n.° 05001 23 31 000 2007 00698 01 (Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia de Tutela del 28 de agosto de 2007).
Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón.