en colombia

64 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 65
Este Registro Único de Proponentes fue modificado posteriormente
por la Ley 1150 de 2007, en su artículo 6 33 , que lo hace más técnico. En este
registro las cámaras de comercio ejercen una especie de «verificación documental»,
o sea, un control formal de legalidad y expiden un certificado
de Registro Único de Proponentes, conocido como RUP. Este certificado es
plena prueba de los hechos o las circunstancias que allí se hacen constar.
Anteriormente los proponentes se autocalificaban y era mínima la actuación
y responsabilidad de las cámaras de comercio, en el presente las cámaras
deben constatar la realidad de la información. También se anota que
este registro es dinámico y es alimentado en forma permanente en su contenido
por las autoridades públicas, que envían información a las cámaras
sobre los proponentes del Estado.
Posteriormente, se creó un registro de entidades sin ánimo de lucro,
RESAL, por medio del Decreto 2150 de 1995. Este es el tercer gran registro
que se encomienda o delega a las cámaras de comercio. Se distinguen entre
las entidades obligadas al registro, las que pudieran llamarse entidades sin
ánimo de lucro del «sector real», o sea, corporaciones, asociaciones, fundaciones
de utilidad común regladas por el título xxxvi, del libro primero del
33 Ley 1150 de 2007. Artículo 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes.
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades
estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único
Empresarial de la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de
contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos
cuyo valor no supere el diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de la respectiva
entidad; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto
la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan
en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan
por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los
contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados,
corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de
las condiciones de los proponentes. En dicho registro constará la información relacionada
con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del
proponente, que se establecerá de conformidad con los factores de calificación y
clasificación que defina el reglamento. El puntaje resultante de la calificación de estos
factores se entenderá como la capacidad máxima de contratación del inscrito.
Código Civil y por el Decreto 1529 de 1990 y las llamadas entidades del sector
solidario reglamentadas por la Ley 79 de 1988.
No sobra comentar cómo una de las asignaturas con menor elaboración
legislativa, jurisprudencial y académica en Colombia, es la relativa a las
entidades sin ánimo de lucro, que han adquirido una sin igual importancia
en la vida institucional, económica y social del país. A pesar de ello. sus
regulaciones son casi inexistentes, las sentencias o jurisprudencias sobre
esta materia son una rareza, al igual que son escasos los comentarios de
los tratadistas. En la parte normativa existe una remisión casi plena a la ley
mercantil societaria y la vigilancia y el control estatal es tan solo nominal.
Respecto de estas entidades sin ánimo de lucro, tanto el artículo 45 del
Decreto 2150 de 1995, como el artículo 3 del Decreto 427 de 1996, exceptuaron
del Registro ante la cámaras a algunas entidades, sin justificación legislativa
o institucional, generando un grave desorden en materia registral 34 .
Debe entenderse que las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones
mutuales están obligados al registro en las cámaras de comercio 35 .
El Decreto 019 de 2012, que modificó la Ley 454 de 1998, ordenó el registro
en las cámaras de comercio de todas las entidades de economía solidaria,
sin exclusiones 36 .
Por medio de este decreto denominado «Antitrámites», sin duda un
gran esfuerzo legal para rebajar, racionalizar y simplificar los trámites ante
34 El Decreto 2150 de 1995. Suprime la obligatoriedad de reconocer personerías jurídicas
para las corporaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro. De
conformidad con este decreto, en la actualidad la personalidad jurídica de estas
entidades surge a partir del registro en las Cámaras de Comercio.
35 Artículo 143, Decreto 2150 de 1995. Constitución de entidades de naturaleza cooperativa,
fondos de empleados y asociaciones mutuas. Las entidades de naturaleza
cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como sus
organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo son
entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o documento
privado, el cual deberá ser suscrito por todos los asociados fundadores y contener
constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa asociativa.
Ver el Decreto Nacional 427 de 1996 , Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C 77 de 1997, Ver la Ley 79 de 1988.
36 Respecto de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo asociado, fueron inicialmente
sustraídas de la obligación de registro ante las Cámara, trasladándolas a la
Superintendencia de Economía Solidaria, Decreto 4558 2006, pero posteriormente
mediante el Decreto legislativo 019 de 2012, regresaron al registro cameral.