en colombia

158 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 159
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Cámaras de comercio y
oficinas de registro
de instrumentos públicos
El registro mercantil es llevado por las cámaras de comercio –instituciones
de orden legal y con personería jurídica, creadas por el Gobierno nacional–,
de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde operarán.
Conviene precisar que las cámaras no son entidades oficiales, sino de carácter
privado, esencialmente corporativas o gremiales, a las que la ley les
confía la función de llevar el registro de los comerciantes, establecimientos
mercantiles, libros de comercio y documentos sujetos a inscripción.
Las cámaras de comercio son administradas y gobernadas por los comerciantes
inscritos en el registro mercantil y tienen la calidad de afiliados.
Su máximo órgano es la junta directiva. La representación de las cámaras
corresponde a su presidente, y las integran los comerciantes inscritos en el
Registro Público Mercantil. Los artículos 78-97 del Código de Comercio hacen
referencia a su régimen jurídico, con las modificaciones establecidas en
la Ley 1727 de 2014.
En la actualidad están funcionando, en todo el territorio nacional, 57
cámaras de comercio y 198 oficinas de registro. Tanto las cámaras de comercio
como las oficinas de registro incluyen dentro de su jurisdicción no solo
el municipio donde tienen la sede, sino también los municipios cercanos,
cuya ubicación geográfica, relaciones económicas o vías de comunicación
permiten a los interesados desplazarse fácilmente hacia la cabecera del círculo
registral, o hacia la respectiva cámara de comercio. De la regla general
expresada se exceptúan las oficinas de registro de Abejorral, Ituango, Puerto
Boyacá, Aguadas, Pácora, Agua de Dios, Fundación, Buenaventura, Finlandia,
Orocué, Cajamarca, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Contratación, donde
el círculo registral solo lo compone el municipio sede. El Decreto 2056 del
2014 creó las oficinas de registro de Soacha y Soledad, que en el año 2015
iniciaron actividades.
La Corte Constitucional, en sentencia número C-144 de abril 20 de 1993,
llamó la atención sobre la función pública que ejercen las cámaras de comercio
como entidades de derecho privado, en los siguientes términos:
El origen legal del registro, la obligatoriedad de inscribir en él ciertos
actos y documentos , el valor vinculante de las certificaciones
que se expiden, la regulación legal y no convencional relativa a su
organización y a las actuaciones derivadas del mismo, el relieve
esencial que adquiere como pieza central del Código de Comercio
y de la dinámica corporativa y contractual que allí se recoge, entre
otras razones, justifican y explican el carácter de función pública
que exhibe la organización y administración del registro mercantil.
[…]
Las cámaras de comercio, a las cuales se ha encargado el ejercicio
de la anotada función, no son entidades públicas, pues no
se avienen con ninguna de las especies de esta naturaleza contempladas
y reguladas en la Constitución y la ley. Si bien, nominalmente
se consideran «instituciones de orden legal» (Artículo
78 del C. Com.), creadas por el Gobierno; lo cierto es que ellas se
integran por los comerciantes inscritos en su respectivo Registro
Mercantil (ibídem, artículo 79,). La técnica autorizatoria, y la participación
que ella reserva a la autoridad pública, habida consideración
de las funciones que cumplen las cámaras de comercio, no
permiten concluir por sí solas su naturaleza pública. Excluida la
función de llevar el Registro Mercantil , las restantes funciones de
las cámaras, su organización y dirección, las fuentes de sus ingresos,
la naturaleza de sus trabajadores, la existencia de estatutos
que las gobiernan, extremos sobre los cuales no es necesario para
los efectos de esta providencia entrar a profundizar, ponen de presente
que solo a riesgo de desvirtuar tales elementos, no se puede
dudar sobre su naturaleza corporativa, gremial y privada. […]
Las cámaras de comercio, no obstante su carácter privado,
pueden ejercer la función pública de administrar el registro mercantil.
Los artículos 123 y 365 de la Constitución Política permiten