en colombia

222 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 223
como procedimiento administrativo
Este mecanismo expedito y excepcional para integrar el interés en las
actuaciones administrativas, se encuentra justificado en la dinámica y en la
agilidad que el mundo de los negocios le impone al registro empresarial. Un
registro paquidérmico y lleno de formalismos retardatarios no podría ser
menos que un tabique o un estorbo que debe ser salvado (tramitomanía
que debe cumplirse), pues su razón de ser debiera encontrarse en una oportuna
publicidad y seguridad jurídicas para las transacciones mercantiles,
para los actos de la economía solidaria y de las entidades sin ánimo de lucro
y para la urgencia de información que exige la contratación estatal.
Por lo demás, si la cámara de comercio no cuenta con un medio electrónico
público a través del cual dar publicidad a las peticiones de inscripción,
en los términos de la norma comentada, tendrá que efectuar, caso por caso,
la citación a los terceros determinados e indeterminados, en los precisos términos
del Artículo 37 del CPACA.
Sobre los aspectos en estudio, la Superintendencia de Industria y
Comercio impartió instrucciones a través de la Circular Externa 02 del 9
de febrero de 2010, que adiciona el numeral 1.10, título viii, capítulo i de la
Circular Única de esa autoridad, así:
1.10. Actuación administrativa.
1.10.1. Inscripción en los registros públicos.
De conformidad con los artículos 14, 15 y 28 del Código Contencioso
Administrativo [léase artículo 37 del CPACA], para efectos de garantizar
el debido proceso, las cámaras de comercio deben dar a
conocer a los interesados las solicitudes de inscripción en los registros
públicos. Para el efecto pueden acudir a:
a) Informar de dicha solicitud a los terceros interesados en la actuación,
mediante una comunicación remitida por correo o mediante
la publicación de la misma en un periódico de la entidad o
en un periódico de amplia circulación nacional; o
b) La publicación de la solicitud en un medio electrónico público,
en los términos del artículo 19 de la Ley 962 de 2005.
Finalmente, coincidimos con la opinión de Gil Echeverry, cuando afirma
que, a pesar de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 962 de 2005, si un
tercero interesado en una potencial actuación de registro, con antelación a
la solicitud respectiva, pide a la cámara de comercio que lo vincule antes de
adoptar la decisión de fondo, será «deber de la entidad registral comunicar
por escrito, y a la dirección señalada por el particular, el inicio de cualquier
procedimiento de registro […], y dar efectividad al derecho de defensa» (Gil
Echeverry, 2010, p. 330). Esto significa que en estos eventos se da aplicación
preferente al artículo 37 del CPACA.
Un buen ejemplo que ilustra lo acabado de decir es el que sigue:
[…] un socio que conoció de la celebración de una reunión en la que no
se dio aplicación a las normas estatutarias para la reforma del contrato social;
éste presenta un escrito solicitándole a la Cámara de Comercio que en
caso de presentarse la escritura pública que contenga las decisiones adoptadas
en esa reunión, antes de proceder a la inscripción definitiva, se le vincule
al procedimiento para hacer uso de su derecho de contradicción, caso en el
cual será obligación de la entidad citarlo de conformidad con el artículo 14
C.C.A. [Artículo 37, CPACA]. En igual sentido, el tercero que se entera de la
apertura de una solicitud de inscripción cuyo resultado pueda afectarlo, podrá
solicitar su vinculación antes de que se ordene la respectiva inscripción
(Montes, 2005, p. 163).
De otro lado, los terceros interesados en la inscripción podrán intervenir
en la actuación administrativa de registro, si quieren, allegando una comunicación
que reúna los requisitos mínimos dispuestos para los derechos
de petición por escrito (artículo 16 de la Ley 1755 de 2015) –esta solicitud también
es un derecho de petición–.
El interés del tercero, de conformidad con lo previsto en el numeral 2
del artículo 38 del CPACA, deriva de un derecho o de una situación jurídica
particular que pueda resultar afectada con la actuación registral, o cuando
el registro pueda producirle un perjuicio. Estas situaciones deberán acreditarse,
por lo menos sumariamente, al momento en que el tercero solicite su
vinculación al procedimiento administrativo. No basta con alegar la oponibilidad
general del registro para ser tratado como tercero interviniente en la
actuación registral, sino que su interés debe ser concreto, serio y legítimo, en
atención a los antecedentes registrales, o de conformidad con las pruebas
que el interesado pretenda hacer valer para el efecto.
Una vez admitido como interviniente, el tercero tendrá los mismos derechos,
y observará los mismos deberes y responsabilidades de quienes son parte
directamente interesada. Los terceros que hayan actuado en la formación del