en colombia

102 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 103
de las escrituras, dentro de los quince días siguientes a su otorgamiento, para
que el intendente de la provincia tomase razón de las mismas.
Sin embargo, no debe entenderse que la toma de razón fuese consustancial
a la presentación del documento en el registro general de comercio. La
práctica del asiento de inscripción no era obligatoria. El C. Co. 1829 contenía, por
vez primera en nuestro derecho, el boceto de una norma relativa al control que
corresponde al titular del registro sobre la documentación que aspira a lograr
la protección tabular. Y esto puede colegirse de las distintas facetas en que se
manifestaba la actuación del intendente de la provincia a cargo del registro.
Así, de acuerdo con el artículo 23 C. Co. 1829, «el Secretario de la Intendencia
de cada provincia tendrá a su cargo el registro general, y será responsable de
la exactitud y legalidad de sus asientos». «Exactitud» y «legalidad» son dos
palabras que hoy configuran dos principios registrales básicos, como son los
de fe pública y legalidad. El titular del registro debía, pues, comprobar que los
documentos que pretendían acceder a la protección tabular eran merecedores
de obtener los beneficios de la publicidad registral 16 . La labor del registrador
se concretaba tanto en el aspecto externo del título, es decir, la necesidad
de que el título reuniese los requisitos formales que le marcaba su propia regulación,
como en su vertiente interna, en clara referencia al contenido substancial
del documento.
El C. Co. 1829, por lo tanto, apuntaba un mecanismo de filtro de los documentos
que se presentaban a registro porque el hecho de lograr la inscripción
les permitía gozar de unos efectos de oponibilidad frente a terceros.
La calificación, o examen y valoración del documento, se perfilaba como el
presupuesto básico de la publicidad registral 17 .
El otro gran hito histórico en el registro mercantil se sitúa en la última
década del siglo xx por suponer una evolución en la institución registral
y crear las bases de la actual, y sin duda de la futura, configuración del
16 En este sentido, Garrigues (1949) destaca como uno de los mayores logros de la
codificación en materia registral el otorgamiento de los efectos de oponibilidad a
la inscripción tabular.
17 Todo esto nos permite afirmar, en contra de la unánime doctrina hipotecarista
(vid., por todos, Gómez Galligo. Análisis histórico...), que la calificación tuvo su origen
en un texto mercantil y no en proyectos legislativos del Código Civil o de las
normas hipotecarias, como se viene afirmando hace ya más de un siglo.
registro mercantil. Coinciden los tratadistas 18 en señalar que el ingreso de
España en la CEE influyó de manera decisiva en la necesidad de revisar nuestra
regulación registral mercantil para adaptarla al nuevo marco normativo
al que nuestro país se adhirió a mediados de los años ochenta. Sin embargo,
no debe tampoco perderse de vista que las décadas que siguieron a la
promulgación del RRM 1956 fueron, sin duda, las más fecundas, hasta ese
momento, en cuanto al desarrollo de los estudios doctrinales sobre derecho
mercantil 19 . Y la materia registral, por su directa implicación en la regulación
societaria, se benefició de esa atención y dedicación científica, lo que originó
(fruto, en esencia, de los estudios acerca del derecho de sociedades) que la
doctrina científica pusiese de manifiesto las carencias del texto reglamentario
y, consecuentemente, que la regulación registral quedase anticuada al
no responder ya a las necesidades evolutivas del tráfico mercantil.
La reforma era, por lo tanto, ineludible, y quedó plasmada en la Ley 19 de
1989 de 25 de julio, de Reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil
a las directivas de la Comunidad Económica Europea.
La modificación de la normativa societaria, propiciada por la Ley 19 de
1989, llevó aparejada, como reforma global que era, la de su referente registral.
Las bases sentadas para la nueva regulación del registro mercantil,
como es conocido, pretendían aunar, por un lado, la incorporación de las
mejoras técnicas surgidas de nuestra propia experiencia, y, por otro, la necesidad
de adaptar ese mismo sistema a la normativa comunitaria, es decir,
incorporar a nuestro derecho el acervo comunitario 20 .
Así, el nuevo marco societario, plasmado en la Ley 19 de 1989, trajo consigo
tres grandes novedades en materia registral.
En primer lugar, la reforma del Código de Comercio, con una nueva redacción
de los artículos 16 a 24 C. Co., que insertaron en una norma de rango
legal, como venía reclamando la doctrina (Menéndez, 1990, p. 400), los principios
registrales contenidos hasta entonces en el texto reglamentario de 1956.
En segundo lugar, la Ley 19 de 1989 encomendó a los registradores mercantiles
nuevas funciones, algunas de ellas desconocidas en nuestro derecho,
18 (Vid., por todos, Menéndez, 1990).
19 Sobre este particular, Menéndez, (1993).
20 En este sentido, Girón Tena, 1989, y Fernández de la Gandara, 1987.