en colombia

530 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 531
de veracidad que se va a concretar en las certificaciones que expida la entidad
registral. Sencillamente, no puede concebirse la función certificadora
sin que paralelamente se proyecte la protección de los terceros respecto a lo
certificado. Con razón se afirma:
Según el principio de fe pública registral o publicidad material,
la realidad que publica el registro es la única realidad existente,
cuando se trate de proteger al tercero que adquiera de un titular
inscrito y, a su vez, publique su derecho.
Si la inscripción es legitimadora de una situación jurídica
con presunción «juris tantum» de veracidad, es lógico que aquella
presunción se convierta en presunción «juris et de jure» a favor
de la persona que adquiera de un titular así legitimado e inscriba
su derecho.
La fe pública registral indica que se protegen las adquisiciones
hechas a título oneroso y de buena fe por un tercero, con base
en una inscripción cuyos vicios ocultos no pueden describirse en
el propio título o instrumento que se inscribió, ni en la inscripción.
De manera que la falta de legitimación real del disponente en el
momento de la celebración del negocio jurídico dispositivo o en
el momento de la inscripción, o la posterior invalidación o ineficacia
del título inscrito, son inoponibles al tercero de buena fe. Es
decir, que para un tercero adquirente a título oneroso y de buena
fe, la inscripción inexacta vale como exacta, la inválida como válida;
lo anunciado por el registro prevalece frente a todo aquello
que lo contradice, pero de lo cual no existe constancia registral.
(Gutiérrez Viana, 1997, p. 100).
Es indudable el papel que cumple el registro mercantil con respecto al
conocimiento real que adquieren los terceros en cuanto a los hechos o circunstancias
inscritas, cuando median certificaciones registrales. Aunque ya
no se predica una simple oponibilidad o presunción de conocimiento, pues
resulta verdad el conocimiento cierto de lo certificado; el contenido del documento
le permite concluir al tercero de buena fe que no hay situación
aparente sino real, y, conforme a esa «certeza», puede contratar (términos
certificados). Esta premisa, que se origina de la misma naturaleza pública
de la institución registral, no requiere palabras sacramentales del legislador,
como lo predica la doctrina:
El no estar expresamente consagrado el principio de fe pública
registral, deja razonables dudas acerca de su existencia en el ordenamiento
colombiano, ello no ha sido obstáculo para que la
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los artículos
1547,1548,1933 del Código Civil haya aplicado la regla error comunis
facit jus, es decir que un error invencible en el cual puede incurrir
cualquier persona prudente o diligente, tiene la virtud de convertir
la simple apariencia en realidad, de crear una situación jurídica»
(Superintendencia de Notariado […] 1986: 81).
El certificado del registrador es el único medio de que disponen
los usuarios del servicio para conocer la situación jurídica
de un inmueble, y confían en que el certificado que les expide la
oficina de registro corresponde a la realidad. (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.055).
Pero esta «fides» pública registral no se restringe a la simple aplicación
de la doctrina de la buena fe cualificada o exenta de culpa, sino que cobija
a todo tercero de buena fe. No obstante, su verdadero alcance es discutido
por la doctrina nacional:
Colateral a estas funciones surge el tema relacionado con la fe que
deben merecer las inscripciones en el registro. De las normas que
regulan esta institución puede inferirse la presunción de que el
hecho o situación inscrita es verdadera o que la inscripción de los
mismos es legítima; pero cabe discutir la eficacia de esa presunción,
y si es una presunción de iure o, por el contrario, una presunción
legal. Además es factible cuestionar si la presunción recae únicamente
sobre la legalidad de la inscripción misma o si se extiende
también a la veracidad del acto inscrito. (Narváez, 1983, p. 223).
Si bien es cierto que la noción de fe pública registral atinente al registro
mercantil no está consagrada de manera expresa y directa por el legislador
colombiano, esta se infiere de la interpretación sistemática de diferentes