en colombia

554 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 555
5477). Por eso, cuando la cámara no refleja fiel y exactamente lo que aparece
en el registro mercantil, se entiende que incurre en grave falla en el servicio
público registral y deberá indemnizar los perjuicios que origine:
En cuanto a que hasta la fecha no ha sido expedido un instructivo
que señale cómo deben certificar las cámaras de comercio las
inscripciones que reposan en sus archivos y el término dentro del
cual deben efectuar las modificaciones de los registros, la Sala advierte,
frente a lo primero, que es apenas obvio que dichas certificaciones
deban reflejar, ante todo, el estado actual de la sociedad,
esto es, por ejemplo, en tratándose de sociedades anónimas, cuál
es su capital autorizado, pagado o suscrito, quiénes son sus representantes
legales, quiénes los miembros de su junta directiva, las
facultades de uno y otros, etc.
Para la sala no queda duda de que en relación con los anteriores
certificados la Cámara de Comercio de Bogotá tampoco
cumplió con su función de reflejar la real situación de la sociedad
mencionada respecto de quién era el verdadero suplente del gerente
para la fecha de aquellos, pues si bien como lo reconoce ella
misma, desde el 17 de noviembre de 1998 tuvo conocimiento de
que la Superintendencia de Industria y Comercio había confirmado
el nombramiento de Mario Gómez como suplente del gerente,
de inmediato debió proceder a sustituir el nombre de la señora
Castañeda por el del señor Gómez, sin que justifique su omisión
por el posible volumen de trabajo.
Aunado a lo anterior, se tiene que, de conformidad con el artículo
117 del Código de Comercio, para probar la representación
de una sociedad «… bastará la certificación de la Cámara respectiva,
con indicación de los nombres de los representantes…», lo
que demuestra palmariamente que la Cámara de Comercio de
Bogotá, con las certificaciones relacionadas en los actos acusados,
incurrió en un infracción de tal magnitud, por los efectos que en
un evento determinado causó o pudo haber causado al certificar
como representante legal a quien para dicho momento no tenía
tal calidad. (Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 7594,
Sentencia del 23 de mayo de 2003).
[…] puede afirmarse que para el Estado el deber de certificado
implicaba responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha
incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición
del certificado […]. (Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente
14176, Sentencia del 20 de febrero de 2003).
No basta con demostrar la falla en la prestación del servicio
público registral, ya que es indispensable acreditar además que
el daño cuya reparación se demanda tuvo por causa directa la acción
o la misión de la administración, de manera que la obligación
indemnizatoria surge de la información equivocada suministrada
mediante la expedición de certificaciones […]. (Consejo de Estado,
Sección Tercera, expediente 14518, Sentencia del 7 de diciembre de
2005).
Naturalmente, las certificaciones que expidan las cámaras de comercio
deben acreditar la situación real y actual del hecho certificado, incluyendo
lo referente a los recursos pendientes, pero esto debe hacerse de tal
manera que el público en general no se confunda respecto al alcance de la
certificación:
Cuando interponen algún recurso, buscan que las cámaras dejen
sin efecto la inscripción recurrida, o sea, que no certifiquen
el acto impugnado, tratando con ello de darle una connotación
equivalente a una suspensión provisional decretada por juez, lo
cual, como es obvio, no es de recibo por la naturaleza misma del
registro y el alcance de las facultades asignadas a las cámaras de
comercio, que en ningún caso pueden sustituir a la autoridad judicial
en las funciones que por ley le son propias.
Es relevante anotar que una vez inscrito un documento en el
registro mercantil, las cámaras de comercio están en la obligación
de certificar dicha inscripción (artículos 30 y 86, numeral 3, Código
de Comercio) mientras esta no sea cancelada por el respectivo
órgano social, o suspendida o cancelada por orden de autoridad
competente. De manera que en este caso las cámaras deben seguir
certificando el acto impugnado con la observación de que este se
encuentra recurrido, máxime cuando las certificaciones expedidas