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96 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 97
No obstante, como contrapartida a la carga de la inscripción o demás
operaciones registrales obligatorias, la norma ofrece también beneficios.
Así, la publicidad registral se dota, ex lege, de unas cualidades de presunción
de exactitud y validez 2 (Cabello de los Cobos, 1994, pp. 2311-2387; y Collazos,
1990) con las que se persigue, en última instancia, la tan mencionada y ansiada
«seguridad jurídica» 3 del tráfico mercantil. Pero, además, actualmente
los documentos que reflejan los principales hechos de la vida social han de
acceder al registro mercantil, no solo a fin de ser publicitados, sino que el
acceso tabular es conditio sine qua non de validez del propio acto. En estos
casos, la inscripción en el Registro Mercantil resulta de carácter constitutivo.
Por eso, el legislador, consciente de la importancia que reviste permitir
el acceso de determinada información al registro, estableció un procedimiento
que permitiese el control de la documentación que plasma la información
que pretende acceder al registro. El engranaje es el denominado
«procedimiento registral» que se extiende desde la petición que se cursa,
por el interesado, hasta el momento de la decisión del registrador mercantil,
favorable o desfavorable a la operación registral solicitada.
El desempeño de esta función corresponde al registrador mercantil, a
quien el Código de Comercio atribuyó hace dos siglos la llevanza del registro
mercantil 4 , y, con esto, la facultad de valorar los documentos que pretendían
acceder al registro. Era necesaria en su momento, y sigue siendo actualmente,
la atribución del poder de valorar el documento, esto es, la calificación, a
un sujeto ajeno e independiente de los intereses del sujeto registral. El examen
de la legalidad de la información que va a acceder al registro no puede,
obviamente, dejarse en manos del redactor del documento, incluso cuando
el documento es notarial 5 . Sería un contrasentido pretender que quien ela-
2 El artículo 20.1 C. Co., que contempla el principio de legitimación, afirma que el
contenido del registro se presume exacto y válido.
3 Sobre el concepto de seguridad jurídica existe una abundante literatura científica en
el campo registral mercantil. Vid., por todos, (Paz Ares, 1985; Lanzas Galvache, 1986).
4 El Código de Comercio de 1885, en su artículo 19, encomendó la llevanza del registro
a los registradores mercantiles, cargo que desempeñaron, en un primer momento
de forma interina y luego definitiva, los registradores de la propiedad. Labor
que siguen realizando hoy en virtud de lo establecido en el artículo 13.1, RRM, 1996.
5 La creciente complejidad del derecho societario impone, en la práctica, que la redacción
de la documentación social recaiga, en la mayoría de los casos, por no
bora el documento va a admitir que el título presenta algún impedimento
para su ingreso en el Registro Mercantil. Es más, incluso admitiendo, a título
dialéctico, que el documento hubiese nacido perfecto (como ha de suceder
con los documentos públicos), puede existir alguna circunstancia registral,
desconocida por el redactor, que trabe el acceso del título, válido por lo demás,
al registro mercantil 6 . Por esto, la seguridad jurídica, fin de esta institución
registral 7 , requiere que el título y su contenido se vean sometidos a un
control de legalidad externo al redactor del documento 8 .
Por esto, resulta de todo punto necesaria la presencia y la actuación
personal del registrador mercantil, y seguirá siéndolo aunque la evolución
decir en todos, en juristas. Por esto, la redacción u otorgamiento de todo documento,
incluso de orígen negocial privado, debe generar un mínimo control de legalidad,
que se da por supuesto en los documentos notariales, administrativos y
judiciales (en este sentido, vid. Rodríguez Adrados, A. 1997). En relación con los documentos
notariales, diversos autores (Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, 1997;
Chico y Ortiz, 1989; García, 1995), cuestionan la procedencia de su calificación.
6 Cabe a este respecto poner como ejemplo la novedosa función encomendada a los
registradores por el RD 685/2005 de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales,
que los obliga a calificar los títulos de nombramiento de cualquier persona
física o jurídica como administrador, liquidador o apoderado, comprobando que no
figura inscrito como incapacitado en un registro especial del Colegio de Registradores
(artículo 10 dos RD 685/2005 por el que se introduce un artículo 61 bis RRM).
7 La existencia del principio de legalidad va íntimamente unido al logro de la seguridad
jurídica (vid., en este sentido, Chico y Ortiz, 1994). No obstante, están surgiendo
posturas eclécticas al respecto, por todos, (Gómez Galligo, 1996).
8 Esta afirmación no pretende desvirtuar el control de legalidad llevado a cabo por
los notarios en los documentos que autorizan, si bien compartimos las opiniones
vertidas por diversos autores (vid., por todos, García García, J. M. 1994) acerca de la
paulatina «relativización» del meritado control en pos del mantenimiento o el incremento
de la clientela. Pero de lo que no cabe duda es de que para el redactor del
documento este siempre resulta acorde con la legalidad vigente al responder plenamente
a los intereses perseguidos por el sujeto que pretende la inscripción. Así,
diversos pronunciamientos de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
DGRN, negando el acceso al registro mercantil de ciertas peticiones que, si bien respondían
al deseo de hacer público una determinada situación con trascendencia
empresarial, no eran susceptibles de protección tabular, pues cabe recordar que los
asientos practicables en el registro mercantil están tasados. Como botón de muestra
de lo anteriormente dicho pueden verse las resoluciones de la Dirección General
de los registros y del notariado de 27 y 28 de diciembre de 1990 acerca de la negativa
del centro directivo, ratificando la decisión del registrador mercantil provincial
de permitir el acceso tabular a una sentencia de embargo de acciones.