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606 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 607
4.1 Atributos de seguridad jurídica
Cuando un mensaje de datos está firmado digitalmente (Rincón, 2008) y
certificado a través de un instrumento de firma digital emitido por una entidad,
dicho mensaje goza de las atribuciones de seguridad jurídica, establecidas
en el artículo 28 2 de la Ley 527 de 1999, estos son:
Atributos de seguridad jurídica
Autenticidad Integridad No repudio
Figura 1: Atributos de seguridad jurídica.
• Autenticidad:
Garantiza que la identidad del emisor del mensaje es quien dice ser.
• Integridad:
Garantiza que el mensaje no haya sido alterado o modificado después
de la firma.
• No repudio:
Garantiza que el emisor no podrá negar el conocimiento de un
mensaje ni los compromisos adquiridos con él.
2 Artículo 28. Atributos Jurídicos de una Firma Digital. Cuando una firma digital
haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella
tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido
del mismo.
Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso
de una firma manuscrita, si aquella incorpora los siguientes atributos:
1. Es única a la persona que la usa.
2. Es susceptible de ser verificada.
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si estos son cambiados,
la firma digital es invalidada.
5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional.
No obstante lo anterior, el artículo 17 3 de la Ley 527 indica que existe
presunción del origen de un mensaje de datos, es decir, otorga una presunción
de autenticidad en los casos allí reseñados cuando se trata de actos
administrativos o actos preparatorios o posteriores de actos administrativos;
así, cuando un acto administrativo ha sido suscrito por el funcionario
3 Artículo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que un
mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando:
1. Haya aplicado de forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el
iniciador para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de este, o
2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona
cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado
acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de
datos como propio.
En España, que ha sido nuestro modelo en materia de identificación y autenticación,
el Real Decreto ha pretendido establecer los elementos mínimos imprescindibles
para afianzar el criterio de flexibilización impulsado en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
en la que, junto con la admisión como medio universal de los dispositivos de identificación
y firma electrónica asociados al documento nacional de identidad, se admite
la utilización de otros medios de autenticación que cumplan con las condiciones de
seguridad y certeza necesarias para el normal desarrollo de la función administrativa.
Se ha previsto un régimen específico que facilita la actuación en nombre de terceros a
través de dos mecanismos fundamentales: por un lado, la figura de las habilitaciones
generales y especiales, pensadas fundamentalmente para el desempeño continuado
y profesional de actividades de gestión y representación ante los servicios de la
Administración, así como un registro voluntario de representantes, también pensado
con la finalidad de facilitar el ejercicio de la función de representación, estableciendo
un mecanismo de acreditación en línea del título previamente aportado a dicho
registro. El Real Decreto especifica, igualmente, las previsiones contenidas en la ley,
en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios públicos habilitados al efecto puedan
realizar determinadas operaciones por medios electrónicos usando sus propios
sistemas de identificación y autenticación en aquellos casos en que los ciudadanos
no dispongan de medios propios. La relevancia jurídica de la actividad administrativa
ha exigido prestar una atención singularizada al uso de los medios de identificación
y autenticación electrónica por parte de la Administración, estableciendo la
necesidad de incorporación de sellos o marcas de tiempo que acrediten la fecha de
adopción de los actos y documentos que se emitan. Igualmente, se ha dispensado
una atención especial a la autenticación en el seno de la actuación automatizada.
Por último, se incorporan unas previsiones destinadas a garantizar la interoperabilidad
y efectividad del sistema de la ley, entre las que se incluye un reconocimiento
expreso a las políticas de firma que serán los instrumentos encargados de especificar
las soluciones técnicas y de organización necesarias para la plena operatividad de los
derechos reconocidos en la ley, un sistema nacional de verificación de certificados
dispuesto para simplificar y agilizar las operaciones de comprobación de la vigencia
de los certificados.