en colombia

556 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 557
por la cámara de comercio cumplen una función eminentemente
probatoria, en cuanto se limitan a dar constancia de algo que
ocurrió y no pueden considerarse ejecución del acto de inscripción,
pues este se ejecutó desde el momento de la anotación en el libro
de registro público correspondiente. (Cámara de Comercio de
Bogotá, Oficio n.° 3-1493 del 28 de septiembre de 1989).
No resulta apropiado, se insiste, certificar un registro impugnado como
si estuviera vigente, pues, en tal evento, en virtud de la confusión que se crea
a los terceros, la entidad registral asume responsabilidad.
2.8.3 Responsabilidad profesional
Las cámaras de comercio deberán certificar todo lo referente a los actos y
documentos registrados, expresando la situación jurídica actualizada al momento
de expedir la certificación y, en todo caso, tomando nota exacta de
los hechos y actos inscritos. Por lo tanto, la entidad certificadora compromete
su responsabilidad cuando certifica hechos y circunstancias que no se
atemperen a lo realmente inscrito, o que en general no reflejen la situación
actual del hecho o situación jurídica certificada. En todo caso, las cámaras de
comercio no asumen responsabilidad respecto a la veracidad y realidad del
contenido de los documentos inscritos. Su misión certificadora se restringe
a publicitar la circunstancia de su inscripción y las modificaciones que haya
podido sufrir por cuenta de documentos privados y providencias judiciales o
administrativas inscritas con posteridad.
Así, por ejemplo, una entidad registral que certifica la propiedad de un
establecimiento de comercio, sin indicar los gravámenes o prendas que pesan
sobre el mismo, responde ante los adquirentes de buena fe por los perjuicios
causados como consecuencia de embargos o prendas sin tenencia
que no se tuvieron en cuenta al momento de realizar la negociación sobre el
establecimiento de comercio, precisamente porque la cámara omitió dicha
información. De igual forma, si la entidad de registro certifica a determinada
persona como representante legal de una sociedad, cuando anteriormente
había sido removida o revocada de su cargo o suspendida su nominación,
según documentos también inscritos, esta deberá responder por los
perjuicios causados a la sociedad, socios o terceros, como consecuencia de
las negociaciones realizadas por el supuesto representante legal, por causa
de la equivocada certificación expedida.
Cuando una cámara de comercio certifica, está asumiendo funciones
de seguridad, certeza y fe pública que comprometen de manera directa e
inmediata su responsabilidad, en caso de que los hechos que consten en la
certificación no sean ciertos. Por el contrario, cuando la entidad se limita a
expedir copia de un documento inscrito, ninguna responsabilidad le cabe
por los hechos y relaciones jurídicas que puedan surgir del contenido del
documento mismo, cuya veracidad recae únicamente en los suscriptores del
documento. La cámara solamente asume la responsabilidad de publicitar y
expedir una copia fiel y veraz del instrumento que consta en sus archivos,
pero sin comprometerse por la validez y exactitud misma de su contenido.
En ejercicio de la función certificadora, en cambio, las cámaras de comercio
sí responden por la validez misma del contenido de la certificación.
Las entidades de registro no solamente cumplen funciones públicas,
sino que estas las ejercen de manera exclusiva, reiterada y habitual, por lo
que, para medir su responsabilidad, habrá de mirárseles como verdaderos
profesionales en la prestación del servicio público registral. En todo caso,
pese a prestar un servicio público, las cámaras de comercio, por no corresponder
al concepto de «Estado», responden como profesionales, pero no
bajo el concepto de responsabilidad objetiva consagrada en el artículo 90
de la Constitución Política.
Siendo la certificación un documento público, su expedición implica
una función administrativa que si bien es diferente a la expedición misma
de los actos administrativos, queda sujeta al control por parte de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Con razón, el artículo 84 C. C. A.
dispone: «También puede pedirse que se declare la nulidad de los actos de
certificación y registro».
2.8.4 La certificación en firme
Ahora bien, la certificación en firme solamente podrá expedirse cuando el registro
correspondiente al acto, hecho o contrato cuya certificación se solicita
se encuentre en firme. En España, conforme al artículo 9 del Real Decreto