en colombia

534 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 535
sería suficiente para ser [sic] eficaz cualquier manifestación contraria
a las mismas.
Por ello el Estado ha tenido que establecer un sistema de presunciones
que obliga a estimar como auténticos e indiscutibles
los hechos, actos, estados y circunstancias sometidos a su amparo,
independientemente de que queramos o no queramos creer
en ellos. Por ello, el Estado ha tenido que crear unos organismos
aptos para ejercitar la función de dar autenticidad a los actos jurídicos,
para ejercer la Fe pública. (Gutiérrez del Solar, 1982, p. 1).
Entonces, el principio de la oponibilidad, al crear una presunción general
de conocimiento, así como la expresión del legislador en el sentido de
que toda certificación expedida por la cámara de comercio prueba lo acontecido
en el registro, obliga a los terceros a «aceptar» como verdad lo certificado,
e igualmente los protege como terceros de buena fe exenta de culpa.
La función certificadora implica el ejercicio de una «fides publica» con
cobertura universal, debido a que las certificaciones expedidas por las cámaras
de comercio deben ser aceptadas como pruebas idóneas tanto por
los particulares como por las autoridades públicas y los órganos jurisdiccionales
nacionales y extranjeros.
2.4 La fe pública registral en derecho comparado
Es interesante anotar que el sistema registral colombiano, desde sus primeras
épocas, se basó muy de cerca en el régimen español. En el país ibérico,
conforme al artículo 18, numeral 1, C. Co., se dispuso que la inscripción, como
principio general, procede sobre documentos públicos y excepcionalmente
sobre documentos privados, cuando la ley o el reglamento así lo permitan.
Por otra parte, y conforme al artículo 20 (ibídem): «El contenido del registro se
presume exacto y válido». Pero la norma que mejor refleja el principio de la fe
pública es el artículo 8 del Reglamento del Registro Mercantil, según el cual:
FE PÚBLICA. La declaración de inexactitud o nulidad de los asientos
del Registro Mercantil no perjudicará los derechos de terceros
de buena fe adquiridos conforme a Derecho.
Se entenderán adquiridos conforme a Derecho los derechos
que se adquieran en virtud de acto o contrato que resulte válido
con arreglo al contenido del registro.
Es decir, el contenido del certificado registral es el parámetro para determinar
si un derecho fue debidamente adquirido. Entonces, procediendo
el registro básicamente sobre documentos públicos y privados autenticados,
fácil resulta concluir que el registro se presume exacto y válido y, por
lo tanto, cuando el registrador certifica, efectivamente hay un efecto de
fe pública registral que protege a los terceros. Con razón la doctrina afirma:
«Los efectos materiales de la publicidad registral descansan sobre el
presupuesto de validez del acto inscrito, y para constatar esa validez la
ley impone al registrador el deber de calificar, bajo su responsabilidad, las
formas extrínsecas […]» (Uria, 1994: 92).
De otra parte, en España no hay duda de que la publicidad formal se
concreta con la certificación y, en tal sentido, el artículo 23 del C. Co. dispone:
«… la publicidad se hará efectiva por la certificación del contenido de los
asientos…». A su vez, el artículo 12 del Reglamento expresa: «PUBLICIDAD
FORMAL. La publicidad se realizará mediante certificación o por medio de
nota informativa».
Por su parte, el artículo 25 del C. Co. Mexicano dispone que: «Cuando no
se trata de escrituras públicas, la inscripción del documento privado se hará
mediante declaración escrita que presente el comerciante». Con esta misma
orientación, el artículo 29 establece: «Los documentos inscritos producirán
su efecto legal desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos
otros anteriores o posteriores no registrados». Precisamente, como al registro
solo ingresan documentos auténticos o autenticados, se expresa que los
registrantes no puedan pretender desconocer su contenido, con base en documentos
no inscritos.
Por su parte, el artículo 8 del Reglamento del Registro Mercantil
Argentino dispone que cuando el documento que se va a registrar sea privado,
este deberá ser autenticado por un funcionario competente.
A su vez, el artículo 2189 del C. Civil Italiano expresa: «Antes de proceder
a la inscripción, la oficina de registro debe comprobar la autenticidad de la
firma y el concurso de las condiciones exigidas por la ley para la inscripción».