en colombia

298 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 299
Bajo estas ideas, y recogiendo las experiencias de los anteriores registros,
el Artículo 22 de la Ley 80 de 1993 crea el Registro Único de Proponentes,
a cargo de las cámaras de comercio. El artículo es un desarrollo técnico del
principio de la selección objetiva, por lo que somete a dicha formalidad «a
todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades
estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa
de bienes muebles». Asimismo, establece un catálogo de eventos excepcionales,
en los cuales no era necesario contar con el Registro Único de
Proponentes para celebrar contratos con el Estado.
La Ley definió que la inscripción en el Registro Único de Proponentes
tendría una vigencia anual, al cabo de la cual debería renovarse, so pena de
producirse la cesación de efectos del registro. Dicho principio aún perdura
en el actual sistema registral del RUP, aunque el reglamento en cada época
ha fijado las pautas particulares para el conteo del término y la forma en
que puede actualizarse o se debe renovar la información.
Conforme el principio constitucional de la buena fe, la Ley 80 de 1993
dispuso que los proponentes se «autocalificaran» y «autoclasificaran» según
las reglas que dicte el Gobierno nacional, a través de los respectivos
decretos reglamentarios. Esto significó que bajo el sistema registral de la
Ley 80, la responsabilidad de determinar los requisitos habilitantes y la clasificación
de los proponentes se trasladará hacia cada uno de los interesados
en inscribirse en el RUP. Sin embargo, la norma previó que la entidad contratante
podía reservarse la facultad de «verificar la información contenida
en el certificado expedido por la cámara de comercio y en el formulario de
clasificación y calificación». Las cámaras de comercio, por tanto, más allá de
constatar las formalidades externas en que se presentaba la información,
no ejercitaban ningún tipo de verificación material, ni procedían a ningún
control de legalidad sobre los datos suministrados.
Para conjurar el desorden reinante, la ley ordenó que la calificación del
inscrito se sometiera a criterios únicos y universales, «válidos ante todas las
entidades estatales de todos los órdenes y niveles» (cfr. artículo 22.3, ibídem),
calculados con fundamento en la experiencia, capacidad financiera, capacidad
técnica y de organización, y disponibilidad de equipos. Lo propio se hizo
en relación con la clasificación de los proponentes, conforme la ubicación
que el mismo interesado hacía en actividades, especialidades y grupos prefijados
por los reglamentos que el Ejecutivo expidiera sobre la materia.
Con la autocalificación aparece el concepto formal de «capacidad máxima
de contratación» o «K de contratación», como el resultado de aplicar las
fórmulas aritméticas en las que se traducirían esos factores habilitantes y
que sería utilizada durante largos años como baremo para admitir a los proponentes
dentro de un proceso de selección contractual.
Bajo ese propósito unificador, la ley ordenó que el modelo gráfico del
formulario para la inscripción en el RUP, y el modelo de certificado que expedirían
las cámaras de comercio, también fueran únicos, de acuerdo con las
pautas y la aprobación impartida por el Gobierno nacional (los reglamentos
fijaron dicha competencia en cabeza de la Superintendencia de Industria y
Comercio, como se verá). Asimismo, los reglamentos sucesivos establecieron
los documentos que debían adjuntarse al formulario, por considerarse indispensables
para la inscripción, actualización o renovación (ejemplo: estados
financieros, certificaciones, declaraciones de renta, etc.).
Por su parte, las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio
debían reflejar los datos que probaran la existencia y representación del contratista,
y las facultades del representante legal, e incluir toda la información
relacionada con la clasificación y calificación del inscrito. Por lo dicho, la certificación
debía hacer constar los datos e informaciones sobre cumplimiento
en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación
de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas, y el término
de su duración (cfr. artículo 22, ejúsdem). Sin embargo, a pesar de este esfuerzo
por aclarar el contenido mínimo de la certificación, justo es mencionar
que en la versión original de la Ley 80 de 1993 no fue muy nítido el verdadero
alcance probatorio de los certificados del RUP, sobre todo cuando las entidades
estatales podían verificar directamente las informaciones consignadas
en él. Esta distorsión se intentaría corregir en la Ley 1150 de 2007.
Otro aspecto de singular trascendencia, introducido por el Estatuto
General de la Contratación de la Administración Pública, que perdura hasta
nuestros días, fue imponer a las entidades del Estado el deber de remitir
información a la cámara de comercio con jurisdicción (competencia territorial)
en el lugar del domicilio del inscrito, sobre «contratos ejecutados, cuantía,
cumplimiento de los mismos, y las multas y sanciones que en relación
con ellos se hubieren impuesto» (cfr. artículo 22.1, ibíd.). Del mismo modo,
reprochó como causal de mala conducta la transgresión de este mandato
por parte de los servidores públicos responsables del reporte.