en colombia

292 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 293
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EL REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES, RUP
5.1 Concepto y elementos
El Registro Único de Proponentes, RUP, puede caracterizarse sucintamente
como un sistema documental, en el que se hace constar la información sobre
los requisitos habilitantes y la clasificación de los proponentes, junto
con la información mensual remitida por las entidades estatales sobre contratos
que les han sido adjudicados (en ejecución o ejecutados), incluyendo
las multas y sanciones en firme, relacionadas con estos o con la conducta
profesional del inscrito.
Según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificada por
el artículo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, todas las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia,
que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales 13 , salvo las excepciones
legales 14 , estarán obligadas a inscribirse en el Registro Único de
13 Se entiende por entidades estatales las contempladas en el artículo 2 de la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, y las demás que se señalen en normas especiales que
adicionen o complementen el mencionado catálogo.
14 Decreto-Ley 019 de 2012. «Artículo 221. De la verificación de las condiciones de los
proponentes. El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, quedará así: [...] No se requerirá
de este registro, ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos
para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación
de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos
de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos
legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las
actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión
de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a
Proponentes de la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
Para tal fin, la entidad registral efectuará la verificación documental
de los requisitos del proponente, asentará en el registro el acto que corresponda
y expedirá certificación sobre tal hecho. Por lo demás, la certificación
del RUP cumple una importantísima función probatoria, pues, conforme a la
ley, constituye plena prueba de la información verificada documentalmente
y que se encuentre en firme.
Actualmente, la determinación de las condiciones para la verificación
documental de los requisitos habilitantes, y la clasificación de los proponentes,
los documentos de soporte, la forma de llevar el registro, la función
certificadora, los aspectos generales del reporte de entidades estatales, y las
reglas que instrumentan la impugnación del registro (entre otros asuntos),
han sido definidos por el Gobierno nacional a través del título i, capítulo v
del Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 y por la Circular Reglamentaria del
RUP expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en su función
instructiva.
El Registro Único de Proponentes, como institución jurídica, hunde sus
raíces en la necesidad que tiene el Estado de seleccionar a sus potenciales
contratistas bajo criterios objetivos. Dicha necesidad impone la creación de
mecanismos depurados de factores subjetivos, que permitan evaluar, de un
lado, las calidades del proponente, y de otro lado la propuesta misma. Se
trata, pues, de un instrumento que busca separar al proponente de su propia
oferta, a fin de que uno y otra sean evaluadas por separado. En este sentido,
la institución registral propende a que la evaluación sobre las condiciones
personales, operativas y financieras del interesado en celebrar contratos con
el Estado la realice un tercero, desvinculado del proceso de selección y distinto
de la entidad estatal que calificará la oferta. Actualmente, ese tercero es
personificado por las cámaras de comercio, en virtud de expresa habilitación
legal para el ejercicio de esa función administrativa.
las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones
de los proponentes».