en colombia

288 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 289
por las cámaras de comercio, en desarrollo de la política de simplificación y
reducción de trámites a la que se ha hecho alusión a lo largo de este escrito.
En efecto, el artículo 13 de la Ley 1101 de 2006, que modificó el artículo
61 de la Ley 300 de 1996, ya había facultado al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo para delegar la administración del Registro Nacional de
Turismo a las cámaras de comercio. Pero solo fue hasta la expedición del
Decreto 019 de 2012 que se hizo efectiva la delegación a los entes camerales,
pues, sin lugar a dudas, por esta vía se materializan los principios de eficiencia
y economía que inspiran esta iniciativa.
Justamente, la competencia que adquieren las cámaras de comercio
para llevar el RNT tiene plena justificación, considerando que, como ya lo
habíamos anotado, la inscripción en el Registro Nacional de Turismo supone
para el prestador, salvo algunas excepciones, cumplir con la obligación de
matricularse como comerciante en el registro mercantil (o en el registro a
que haya lugar) y matricular el establecimiento de comercio a través del cual
se prestará el servicio, en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar
donde territorialmente corresponda la obligación.
Sumado a esto, es necesario que la actividad comercial del establecimiento
de comercio y de la persona natural, así como el objeto social de la
persona jurídica –según el caso–, comprenda las actividades que el prestador
de servicios turísticos pretende inscribir en el Registro Nacional de Turismo.
Del mismo modo, estas actividades deben coincidir con las reportadas ante
la DIAN, con el propósito de asegurar que la información sea congruente en
todos los registros.
La confrontación de esta información debía hacerla anteriormente el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cotejando los certificados de
existencia y representación legal, los certificados de registro mercantil de los
comerciantes y los certificados de registro mercantil de los establecimientos
de comercio, que debía aportar el prestador con la solicitud de inscripción.
De modo que si algún dato no coincidía con el reportado por las cámaras de
comercio en los certificados, era menester proceder a realizar la anotación
previamente en el registro mercantil, con las implicaciones que acarrean
estos procedimientos en términos de tiempo y costos, como quiera que el
registro adelantado por el Ministerio implicaba remitir por correo el formulario
de inscripción diligenciado (con los respectivos soportes documentales
exigidos por la ley) a las oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá, o a las
oficinas regionales del Ministerio en el país.
Actualmente, esta validación la realizan las cámaras de comercio a través
de sus propias bases de datos o a través del RUES, pues en línea se puede
acceder a los certificados de cualquier cámara de comercio, evitando trasladar
esta carga a los usuarios, toda vez que ya no es necesario aportar los
certificados como soporte para los trámites. En esta misma línea, las modificaciones
que se realizan en el registro mercantil en cuanto al nombre, dirección,
propietario del establecimiento de comercio, entre otras, se actualizan
de forma automática en el RNT, lo que garantiza que la información que
reposa en ambos registros sea consistente.
Así las cosas, resulta claro que si bien el registro mercantil y el Registro
Nacional de Turismo son independientes, existe una relación obligada entre
ellos, como quiera que el RNT se alimenta constantemente de la información
que reposa en el Registro Mercantil. Al ser administrados por la misma
autoridad, representa beneficios no solo para los prestadores de servicios
turísticos, sino que se traduce en transparencia, celeridad, economía y eficiencia,
principios que deben regir las actuaciones administrativas.
4.4 Importancia del Registro Nacional de Turismo
Partiendo del concepto de turismo que consagra el Artículo 26 de la Ley 300
de 1996, modificado por el artículo 4 de la Ley 1558 de 2012, que lo define como
«El conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines, entre
otros, de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios», tenemos
que esta actividad supone el desplazamiento de personas hacia lugares diferentes
a su residencia o entorno habitual, poniendo a quien la realiza en una
situación de vulnerabilidad. El Estado debe intervenir para garantizar que se
acrediten los requisitos mínimos que aseguren la prestación de los servicios
turísticos dentro de los parámetros que la ley impone, pues el turista necesita
contar con información confiable y verídica, que le permita constatar que
quien le presta este tipo de servicios efectivamente se encuentra operando
legalmente y está habilitado para ejercer la actividad.