en colombia

480 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 481
Para enredar más el asunto, el artículo 32 del C. Co. dispone en qué forma
se realizará la matrícula de la sociedad, estableciendo el diligenciamiento
y la presentación de un formulario (Resolución 1072 de 1996, artículo 2,
Superindustria y Comercio). Por su parte, el artículo 34 del C. Co. regula la forma
en que se registrará (inscribirá) la escritura de constitución de las sociedades,
como si se tratara de un asunto diferente a la tramitación de la matrícula
del comerciante colectivo, y dando a entender que el procedimiento
de la matrícula constituye una formalidad sustancialmente diferente a la
inscripción de la escritura de constitución.
A lo anterior hay que agregar que el artículo 111 del C. Co. también regula
la «inscripción» de la sociedad, disponiendo que este trámite se realizará
en el domicilio principal de la sociedad, así como en los domicilios secundarios.
Por lo tanto, en materia de sociedades, parecería que, para el legislador,
matrícula e inscripción son dos asuntos diferentes, y no resultaría afortunada
la práctica generalizada, consistente en solicitar, como requisito de procedibilidad
para atender la matrícula, la necesaria presentación de la copia
de la escritura pública de constitución; la cual, conforme a la ley, se requiere
como soporte para solicitar la inscripción, mas no para realizar la matrícula.
De la interpretación anterior pueden surgir otra serie de consecuencias interesantes:
una, consistente en que la sanción prevista en el artículo 37 del
C. Co. se impone a la sociedad comercial matriculada, pero no «inscrita»; y
la otra, que la sociedad matriculada, pero no «inscrita», resulta inoponible a
terceros (artículo 112 del C. Co.). Finalmente, una sociedad matriculada, pero
no inscrita, no podrá realizar actividades en desarrollo de su objeto social
(artículo 116 del C. de Co.).
Respecto a las sociedades civiles, las cuales no han desaparecido, pese
a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 222 del 95, resulta evidente que estas
deberán inscribirse, mas no matricularse, en el Registro Mercantil; precisamente
porque no tienen la calidad o condición de comerciantes. Sin embargo,
otra cosa opina la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad
que deduce la obligación de matricularse por parte de las sociedades civiles,
de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 222 del 95, en los siguientes términos:
«Concluyó la Corte Constitucional que, a través de la citada disposición,
al equiparar los regímenes de todas las sociedades, el legislador estatuyó
cargas y deberes a las sociedades civiles que antes no tenían» (Concepto
2028705 del 20 de mayo de 2002).
Para aclarar el punto anterior, es importante destacar que la norma expresa
lo siguiente: «… cualquiera que sea su objeto, la sociedades comerciales
y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil».
Resulta que la legislación mercantil, en sus artículos 19, 26, 29 y 31 establece
la formalidad de la matrícula únicamente en cabeza del comerciante,
y, como bien se deduce del artículo 10 (ibíd.), solamente tendrán la calidad
de comerciantes quienes habitualmente y profesionalmente realicen actos
de comercio 1 ; los cuales, por el mismo objeto social de la sociedad civil, no
constituyen su actividad profesional. Por lo anterior, compartimos plenamente
la siguiente opinión del doctor Sanín:
Partiendo de la premisa de que las sociedades civiles existen y son
diferentes a las sociedades mercantiles, y de que su característica
diferenciadora radica en no desarrollar objeto mercantil, puede
concluirse que por su naturaleza, objeto y operación, las sociedades
civiles no son comerciantes. De manera que a estas se aplica
toda la regulación de las sociedades mercantiles (artículos 98-460
del Código de Comercio), pero no les es aplicable el régimen de
los comerciantes y de los asuntos de comercio contenido en los
artículos 10-77 del Código de Comercio, de los cuales se derivan
una serie de obligaciones formales, y se desprenden consecuencias
prácticas en la operación de las sociedades civiles.
De ser esta una interpretación correcta del alcance de la nueva
norma, la reforma del Código es mucho más corta y cosmética
de lo que algunos piensan. Pues, al no tener la calidad de comerciantes,
las sociedades civiles no están obligadas a inscribirse en
el registro público mercantil, ni consecuencialmente a renovar
dicho registro. Están excluidas de la obligación de tener contabilidad
registrada y, por lo tanto, a ellas no se aplicaría el sistema de
ajustes integrales por inflación (pp. 102-134) para determinar sus
utilidades (o pérdidas) y su renta líquida, generadora de impuestos.
(Sanín, 1999, p. 46)
1 Negrillas del autor.