en colombia

200 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 201
como procedimiento administrativo
ejemplo, de los beneficios previstos en la Ley 1429 de 2010 para la formalización
de nuevas pequeñas empresas 15 .
Con fundamento en el derecho a obtener informaciones, cualquier
persona puede consultar y solicitar copias a su cargo de los documentos
que reposen en el archivo del registro público, salvo los que lleguen a tener,
de forma excepcionalísima, carácter reservado, de conformidad con la
Constitución Política y la ley. Cuando se rechace una petición de información
por motivos de reserva constitucional o legal, la cámara de comercio deberá
negar su expedición, mediante acto motivado que se notificará al peticionario
(artículo 25 de la Ley 1755 de 2015). Contra el acto de rechazo no procede
recurso alguno. Sin embargo, el interesado podrá insistir en su petición, caso
en el cual corresponderá decidir, en única instancia, al juez administrativo
con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la cámara de comercio que
posee las informaciones o documentos presuntamente reservados, a fin de
negar o aceptar la petición, siguiendo para el efecto el procedimiento previsto
en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.
En segundo lugar, la expedición de copias se sujetará a lo previsto en
el artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, en el sentido de que los costos de la
15 Circular Externa n.° 07 del 11 de marzo de 2011, que adiciona el título viii, capítulo i
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:
«1.1.2.2.2. Información sobre los beneficios previstos en la Ley 1429 de 2010:
Formalización y Generación de Empleo. Las cámaras de comercio tienen el deber
de informar a los comerciantes de los beneficios que otorga la Ley 1429 de 2010 a
las pequeñas empresas. Dicho deber se ha de cumplir mediante la publicación de
avisos que sean lo suficientemente visibles, en las áreas dedicadas a la recepción
de documentos de todas sus sedes, y en carteleras y folletos informativos, así como
mediante publicación en la página de Internet de la respectiva cámara de comercio,
y en sus boletines. De igual manera, se deberán utilizar los demás mecanismos de
publicidad establecidos en el parágrafo 3 del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010.
La información deberá ser concreta y clara respecto de los beneficios que se otorgan
a las pequeñas empresas, así como los que se derivan para cualquier comerciante
que pretenda ponerse al día en la renovación de la matrícula mercantil, en
los términos del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010.
Si el comerciante cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 50 de
la Ley 1429 de 2010, las cámaras de comercio deberán liquidar los valores de renovación,
conforme a lo previsto en dicha norma, y, en caso de no hacerlo, deberán
proceder a las devoluciones correspondientes.
La constancia sobre la condición de pequeña empresa en los certificados de los comerciantes
debe ser visible y constar en donde se relacione la información general
del comerciante».
expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas,
siempre que el precio de las mismas no exceda el valor de reproducción.
Finalmente, los ciudadanos pueden formular consultas a las cámaras
de comercio en relación con las materias a su cargo, esto es, siempre que el
asunto objeto de consulta se encuentre bajo el ámbito de competencia del
ente cameral. Según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas
en ejercicio del derecho a formular consultas, no serán de obligatorio
cumplimiento o ejecución. Sobre el alcance de los conceptos fijado en la Ley
de Procedimientos Administrativos, se ha dicho que:
El artículo 28 regula los efectos jurídicos de los conceptos que emita
la entidad como respuesta a las consultas que le formulen los
particulares, ordenando que no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución. De este mandato surgen estas consideraciones:
La primera, que un concepto no es un acto administrativo de
contenido particular, pues en sí mismo no contiene una manifestación
de voluntad de la administración que tenga la virtualidad
de producir efectos jurídicos vinculantes, en relación con el peticionario,
con la autoridad que conceptúa y aún frente a terceros
que pudieren estar interesados en la respuesta.
La segunda, que la forma como la administración actúa de
manera vinculante para sí misma y la generalidad de las personas
es el reglamento, no solo a través de la potestad reglamentaria
propia del presidente de la República, sino a través de los
demás reglamentos de la administración en el preciso marco de
las competencias de cada organismo o entidad, por tanto los conceptos
emitidos no pueden suplir ni menos aún competir con los
reglamentos.
La tercera, que los conceptos no pueden interpretar la ley en
el sentido de darle un alcance o preferir un sentido frente a otro
posible, se limitan simplemente a explicar las competencias a cargo
de la entidad y la forma de ejercerlas, con el fin de orientar a
los particulares en el cumplimiento de sus deberes o el ejercicio de
sus derechos. (Arboleda, 2011, p. 196).