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462 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 463
3.4.4.3.6 Fusión impropia
En el Concepto 220-41365, la Superintendencia de Sociedades estableció que:
[…] Como una variante de este fenómeno, aparece regulada en
este acápite la llamada fusión impropia, que, frente a la anterior,
presenta dos diferencias fundamentales:
a) Que en este caso no se está en presencia de una unión de
sociedades, sino simplemente en el surgimiento de una nueva sociedad
que absorbe a otra, y b) que la disolución de la sociedad
absorbida se ha producido previamente a la fusión, como consecuencia
de la ocurrencia de alguno de los hechos previstos en la
ley o en el contrato como causal de disolución.
De manera increíble, pero cierta, precisó la Superintendencia en este
mismo concepto, al preguntársele si era necesario obtener su aprobación
para realizar una fusión impropia (que ni de fusión ni de impropia tiene
nada), que:
La respuesta a la segunda inquietud está resuelta dentro de las
atribuciones de esta Superintendencia, dentro de las cuales se establece
que, respecto de las sociedades vigiladas, le corresponde a
este organismo autorizar las reformas estatutarias consistentes
en la fusión y escisión, precepto en el que la ley no distingue modalidad
alguna, por lo que, acorde con los principios de interpretación
de la ley contenidos en el Código Civil, debe concluirse que tal
autorización debe proferirse también cuando se trate de fusión
impropia, reforma que como se advirtió anteriormente debe realizarse
de acuerdo con el mismo procedimiento (artículo 84, numeral
7 de la Ley 222 de 1995).
Resulta difícil de entender lo anterior, puesto que en el mismo concepto
se desvirtúa el hecho de que esta figura sea una fusión (unión de sociedades),
sino que se trata verdaderamente de una reconstitución, para seguir
adelantando las funciones de la sociedad. Y, no obstante esto, se le exige la
autorización de la Superintendencia.
Para el tema que se analiza, la fusión impropia de dos sociedades anónimas
que se encuentren disueltas por estar incursas en el supuesto de hecho
del artículo 457, n. 2, del Código de Comercio; es decir, que ambas hayan
sufrido pérdidas que reduzcan su patrimonio neto por debajo del cincuenta
por ciento del capital suscrito, no implicaría ni un aumento de capital ni
una cesión de cuotas o partes de interés, por tratarse de acciones. Si bien es
atípico, no existe norma legal que impida que dos sociedades en estado de
disolución se fusionen.
3.4.5 Disolución
La disolución es el momento en el cual la sociedad suspende el desarrollo de
su objeto social y entra en liquidación. Todas las causales de disolución deben
sujetarse a las normas previstas para las reformas del contrato social 46 ,
excepto una: la causal general de disolución por vencimiento del término
previsto para su duración en el contrato, si este no fuere prorrogado válidamente
antes de su expiración.
Para este caso excepcional, establece el artículo 219 del C. Co. que «la disolución
de la sociedad se producirá, entre los asociados y respecto de terceros,
a partir de la fecha de expiración del término de su duración». Constituye
este un único caso, respecto a la disolución, en el cual no se hace necesario
el registro para dar publicidad y oponibilidad a una situación societaria que
normalmente sí lo requeriría. La ley establece, con un gran sentido práctico,
la operancia inmediata de esta causal, sin que sea necesario que medie
el registro de la respectiva reforma estatutaria. Lo contrario implicaría que
sociedades que se encuentran disueltas por vencimiento del término de su
duración no pudieran ser liquidadas, a menos que hubieran registrado la
respectiva reforma al contrato social.
La causal de disolución por decisión de autoridad, si bien no opera de pleno
derecho como la causal de vencimiento del término, y no es una reforma al
contrato social (como sí lo son otras causales), deberá ser inscrita en el Registro
Mercantil, para garantizar la publicidad y los derechos de los acreedores.
46 A partir de la expedición de la Ley 1429 de 2010 (artículo 24), la decisión de disolver
la sociedad no constituye una reforma estatutaria.