en colombia

522 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 523
no podrán cancelar la matrícula mercantil de personas naturales y
sus establecimientos de comercio cuando estén pendientes de renovación.
(SIC, Concepto 02080227 del 27 de septiembre de 2002).
Doctrina consagrada en la Circular externa 07 de 2005, según la cual se
inscribe el documento sobre la pérdida de la calidad de comerciante, o sobre
el cierre definitivo de su establecimiento de comercio, pero si se encuentra
en mora en las renovaciones no se cancelará la matrícula.
En conclusión, si bien el Decreto 898 de 2002 es abiertamente nulo
–porque dice reglamentar un precepto que no se refiere a la cancelación
de la matrícula sino a la cancelación del nombre comercial, e igualmente
establece una sanción no prevista en la ley–, encontrándose vigente dicho
estatuto, el sentido correcto de su aplicación será que la obligación de pagar
los años no renovados se refiere exclusivamente al tiempo durante el
cual efectivamente se tuvo la condición de comerciante, sin que las entidades
registrales puedan exigir pagos posteriores so pretexto de que la cancelación
se está efectuando en un periodo muy posterior. Así por ejemplo,
respecto al comerciante muerto en 1994, solo se puede exigir el pago de las
renovaciones no canceladas hasta 1995, aunque efectivamente la cancelación
se realice en el año 2004.
Igualmente, la cancelación de la matrícula, ya no del comerciante sino
del establecimiento de comercio, puede ocurrir por orden administrativa o
judicial, y como consecuencia de investigaciones por lavados de activos o enriquecimiento
ilícito, o en virtud de la declaratoria de extinción de dominio
del respectivo establecimiento (Ley 333 del 96), o como consecuencia de la
Ley del Seguro Ecológico (Ley 491 del 99). En este sentido puede consultarse el
Concepto 44231 del 3 de mayo del 99, de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. Igualmente, los alcaldes municipales también pueden ordenar
la cancelación de la matrícula de los establecimientos de comercio, cuando
se den los presupuestos previstos en el artículo 4 de la Ley 232 de 1995.
El Estatuto Tributario, artículo 684, también faculta a la DIAN para
decretar el cierre de un establecimiento de comercio por no facturar o por
evasión de impuestos, lo cual conduce igualmente a la necesaria cancelación
de la matrícula. Esta función administrativa ha sido reconfirmada por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 13751 de 2004.
Como es natural, cuando la orden de cancelación de la matrícula provenga
de autoridad competente, las cámaras de comercio no podrán negar
este trámite, aduciendo que el comerciante o establecimiento de comercio
afectado por la medida no ha cumplido con el pago de las renovaciones.
1.12.2 Por orden de autoridad competente
La calidad de comerciante se pierde no solamente por el retiro voluntario del
comercio, sino también como consecuencia de una inhabilidad o incapacidad
sobreviviente (artículo 17 del C. Co.). Estos eventos generalmente acontecen
en razón de una orden administrativa o judicial y en consideración a
una pena accesoria que le prohíba al afectado el ejercicio del comercio, como
consecuencia de una condena por delitos contra la propiedad, la fe pública,
la economía nacional, la industria, el comercio, el contrabando, la competencia
desleal y demás violaciones a la propiedad industrial (artículo 16 del C.
Co.). En estos casos, la declaración de inhabilidad o incapacidad traerá como
consecuencia necesaria la cancelación de la matrícula, independientemente
de que no se haya cumplido con la obligación de renovar la matrícula y se
encuentre en mora al respecto.