en colombia

42 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 43
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Transición normativa
al momento de la
independencia y primeros
años de vida republicana
Al momento de la transición normativa con ocasión de la Independencia
del Nuevo Reino de Granada del imperio español, no existían unas codificaciones
jurídicas independientes especializadas por materias 2 . Además,
debe recordarse la vigencia del mandato constitucional no escrito conocido
como «se obedece, pero no se cumple», que imperó en buena parte de la
dominación española, y que buscaba una adaptación de la legislación a un
medio sensiblemente diferente pero cuyo ejercicio tornaba en imprecisa la
vigencia de las reglas jurídicas coloniales.
Bien podrían dividirse en dos grandes áreas las reglas jurídicas mercantiles
que regían en el Virreinato de la Nueva Granada en 1808-1810: las primeras
de carácter o naturaleza administrativa o de policía fiscal, las cuales
buscaban preservar un control permanente del reino sobre la actividad comercial,
tanto en el comercio marítimo como en los mercados internos que
padecían de una asfixiante reglamentación, y unas segundas que podrían
definirse como claramente mercantiles en cuanto regulaban propiamente
las relaciones entre comerciantes (Puyo Vasco, 2004, p. 94) 3 . Se presentaron
2 Normas vigentes al momento de la independencia: Ley de 10 de julio de 1824.
3 Como ejemplo de la fuerte intervención del Estado en los comercios locales, basta
revisar las dificultades para la apertura de simples establecimientos de comercio,
las llamadas «pulperías», para lo cual se exigían innumerables permisos y registros
de las autoridades municipales y que obedecían en gran medida a reglas particulares
de cada Cabildo.
variados esfuerzos para la modernización legislativa, la última por medio
del llamado Código Carolino para las provincias de ultramar, concluido a comienzos
del siglo xix y que nunca entró en vigencia
Para atenuar el rigor de las normas de comercio del Imperio, en 1778,
durante el reinado de Carlos III se dictó el llamado Reglamento de Libre
Comercio, que buscaba aliviar las restricciones del comercio con la metrópoli.
Este intento no tuvo un alcance suficiente para la época y fue desdibujado,
de un lado por la creación de nuevos impuestos y del otro por
la confrontación bélica que en esa época sufrió la península. Esta reglamentación
contenía normas de derecho administrativo y policivo, más que
normas mercantiles propiamente (MacFarlane, 1972). Para 1805 aparece la
Novísima Recopilación, que incluye reglas sobre los consulados, sobre cambios,
bancos, comerciantes, vendedores, corredores, ferias, mercados, comercio
marítimo, pesas y medidas, minas e incluso reglas sobre defectos
sobre los artículos vendidos, rescisiones, embarcaciones, etc. No obstante,
su vigencia fue muy corta al producirse el movimiento separatista. En sentido
estricto las normas clásicas de derecho mercantil en la colonia se encontraban
en las Siete Partidas de Alfonso X y en las Ordenanzas de Bilbao.
Por último, también debe reconocerse cómo el derecho de Castilla servía en
los territorios americanos como derecho supletorio y que además algunos
autores han considerado que también tuvo vigencia la costumbre mercantil
(Ots Capdequi, 1952, p. 130). Todas estas reglas coloniales hacían parte
del Derecho Indiano, denominación que corresponde a los territorios en los
que se aplicaba y no como derecho de los indios, tal como erróneamente
algunos lo han interpretado.
Dentro de esta legislación, sin duda la de mayor alcance y que bien
pueden asimilarse a un verdadero Código Mercantil, son las denominadas
Ordenanzas de Bilbao, las cuales fueron elaboradas en 1737 por encargo
del consulado de esa ciudad, por seis comerciantes locales. Seguramente,
como lo afirma Tomás y Valiente se utilizaron antecedentes tales como las
Primitivas Ordenanzas de (1459) y, particularmente, las Antiguas Ordenanzas
Bilbaínas, aprobadas en 1560 por Felipe II. Debe anotarse cómo a este consulado
se le había otorgado jurisdicción en 1511. Es probable que hubieran
sido tomadas en cuenta las Ordenanzas de Burgos, las de San Sebastián,