en colombia

202 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 203
como procedimiento administrativo
1.3 Términos para decidir las distintas peticiones
ante las cámaras de comercio
1.3.1 Término para tramitar y decidir
las peticiones de registro
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley 1755
de 2015, el plazo máximo del que dispone la cámara de comercio para tramitar
y decidir una petición de registro es de quince días, que deben entenderse
como hábiles. El plazo para decidir sobre el registro se cuenta a partir del
día siguiente a la fecha de radicación de los documentos (esto es, a partir de
la recepción formal de la solicitud de registro).
Ahora, según el parágrafo del artículo que se comenta, si a la cámara
de comercio no le resulta posible dar respuesta oportuna a la petición de registro,
deberá informarlo de inmediato y antes del vencimiento del término
inicial, indicando el plazo razonable en el que dará respuesta al interesado
(respuesta que puede consistir en una inscripción o en una abstención de
registro), tiempo que en todo caso no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto en la norma.
La celeridad de los trámites judiciales y administrativos, como uno de
los presupuestos que integran el derecho a un debido proceso sin dilaciones
injustificadas, debe entenderse a la luz del principio de razonabilidad. Para
ello, la Corte Constitucional colombiana ha adoptado el criterio interpretativo
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el plazo razonable
16 , derivando una regla judicial que integra el bloque de constitucionalidad
en el derecho interno. En efecto, ha señalado la Corte Constitucional:
16 Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia del 27 de noviembre de 2008
(Fondo, reparaciones y costas). Voto concurrente núm. 2: «… Con respecto al plazo
razonable, la Corte Interamericana había seguido hasta hoy el criterio adoptado
por la Corte Europea de Derechos Humanos, que, desde luego, suministra una útil
referencia sobre los puntos a considerar sobre la razonabilidad del plazo invocado
en el marco del debido proceso legal. En torno a esta cuestión, ambos tribunales se
remiten a tres datos relevantes: complejidad del asunto sujeto a juicio, actividad
del órgano de conocimiento, y conducta procesal del litigante; esto es, un elemento
concerniente al carácter mismo de los hechos sujetos a conocimiento y del proceso
en el que éste se realiza».
Quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una
impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los
términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene
derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos
legales dispuestos para ello, pues, de lo contrario, se le desconocen
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
No obstante lo anterior, para establecer si la mora en la decisión
oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales,
es preciso acudir a un análisis sobre la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento
de los términos. De esta manera, puede afirmarse que, de conformidad
con la doctrina sentada por esta Corporación, la mora
judicial o administrativa que configura vulneración del derecho
fundamental al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora
desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis
sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado,
la conducta de la autoridad competente y el análisis global
de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable
en la demora. (Sentencia T-693 de 2011).
1.3.2 Término para tramitar y decidir las peticiones
de copias de documentos
El numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 establece que las peticiones
de documentos deberán resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes
a su recepción. La misma disposición señala que si dentro del término
concedido no se ha dado respuesta al peticionario, opera un supuesto de
silencio administrativo positivo, caso en el cual la cámara de comercio estará
obligada a entregar las copias solicitadas dentro de los tres días siguientes
a su acaecimiento.
Sin embargo, resulta importante precisar que este plazo se puede suspender,
en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, cuando