en colombia

50 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 51
Este Código que rigió hasta 1972, traía obligaciones relativas al registro
mercantil referidas tanto a la inscripción de algunos comerciantes, como a
la de algunos actos de comercio, registro que se adelantaría ante los jueces
de comercio y del circuito.
Se distinguían reglas sobre las obligaciones registrales de los comerciantes
y las de los actos mercantiles que desarrollaban, en especial la constitución
de sociedades. En cuanto a las primeras o sea las de los comerciantes,
como tales, estos tenían el deber de registrarse o de inscribirse para ejercer
la actividad mercantil como corredores o agentes de cambio, igual que los
martilleros, o sea aquellos comerciantes con establecimientos dedicados a
la venta de mercaderías en licitación al mejor postor 13 . Otra de las obligaciones
mercantiles que debían cumplir los comerciantes era la de llevar la contabilidad
de sus negocios, a la cual se le otorgaba una categoría probatoria y
en caso de incumplimiento de este deber, se sancionaba con multa y con la
sola admisión como medio de prueba de los libros de quien los llevase conforme
a la ley. Estos libros de comercio, debían registrarse o rubricarse por el
juez de comercio y su secretario o por quien hiciere sus veces, de conformidad
con el artículo 31 de la codificación, el cual fue modificado por el artículo
único de la Ley 65 de 1890.
En materia de Sociedades, el artículo 470 del código, exigía como requisito
indispensable el registro, mediante entrega en la secretaría del juzgado,
del extracto de los estatutos certificado por el notario que lo hubiera autorizado,
acompañado de una publicación en un periódico del departamento
o por medio de carteles. Estos registros y publicaciones también deberían
hacerse en todo lugar donde se establecieren sucursales o casas de comercio.
El contenido del extracto era el siguiente: los nombres, los apellidos y el
domicilio de los socios, la razón o la firma social, los socios encargados de la
administración o del uso de la razón social, el capital que se aportaba y el
plazo de duración, o sea, su fecha de inicio y su fecha de terminación. El incumplimiento
de estos requisitos, entre ellos la omisión de las solemnidades
13 Ver artículos 68, 95 y 107 de la Ley de 1887, en Centenario de las Leyes 57 y 153
de 1887. Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. (1987).
Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá. Fondo Cámara de Comercio de Bogotá.
Año XVIII, 63, pp. 11-80.
Piedrahíta, Francisco. (1987). Bolsa de Medellín S. A. 25 años, 1961. Retazos de historia
(pp. 37-38).
de registro del extracto o de la respectiva publicación, de conformidad con
el artículo 472 de la codificación, eran causales de nulidad absoluta entre los
socios y su cumplimiento tardío no lo saneaba. Lo mismo podía predicarse
de las reformas de la sociedad, por medio de las cuales se disolviera antes
de tiempo o se prorrogara su plazo inicial o cuando ocurriese un cambio,
retiro o muerte de un socio 14 . Por último, aunque todos los socios tenían facultad
para administrar la sociedad, toda modificación mediante la cual la
administración se delegase en uno o más socios, o en un tercero debería registrarse,
al igual que el nombramiento del liquidador si este no se hubiese
designado en la escritura social.
En cuanto a las sociedades en comandita, los artículos 599 y 613 de la
Codificación de 1887 hacían remisión expresa a los artículos 469 y 470 relativos
al registro de los extractos de las sociedades colectivas, por lo cual
debería procederse en forma similar en cuanto a los registros.
Para las sociedades anónimas, también era obligatorio el registro del
extracto y se generaban iguales consecuencias por la omisión de tales solemnidades,
incluso, haciendo solidarios en las obligaciones de la sociedad
a aquellos accionistas que hubiesen tomado parte en la administración sin
haberse cumplido los requisitos de registros.
Al comparar este estatuto con la normatividad de 1853, es evidente que
hubo un retroceso, al haberse omitido un capítulo específico sobre un verdadero
registro público de comercio, tal como sí lo establecía la legislación
precedente.
Las disposiciones del código fueron complementadas por la Ley 124 de
1888, que obligaba a la protocolización de los documentos de fundación y de
sus estatutos a las compañías extranjeras. Posteriormente, la Ley 65 de 1890
reguló parcialmente la forma de llevar los libros de comercio e, igualmente,
la Ley 42 de 1898 estipuló la manera de registrar en las secretarías de los
juzgados los nombres de los gerentes o representantes de las sociedades
anónimas y la debida publicidad que tendría que dársele a estos cambios a
través del periódico oficial del departamento, modificándose así los artículos
552 y 582 del Código de Comercio. Una nueva norma sobre sociedades extranjeras
y requisitos para su funcionamiento en el país se dictó por medio
14 Artículo 480, Código de Comercio de 1887.