en colombia

224 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 225
como procedimiento administrativo
acto administrativo de registro se considerarán como personas «reconocidas
en la actuación» y podrán interponer los recursos administrativos, sin necesidad
de presentar personalmente el escrito que los sustenta (artículo 77, CPACA).
1.7 La adopción de la decisión
Dice el artículo 42 del CPACA que habiéndose dado oportunidad a los interesados
para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se tomará la decisión, que será motivada.
Tratándose del acto de inscripción, la decisión se adoptará una vez
efectuado el control de legalidad (calificación) sobre el acto o documento
sujeto a registro, y verificado el cumplimiento de los requisitos formales o
extrínsecos, de conformidad con la ley 22 . Según lo dispuesto en el numeral 3
del artículo 29 del Código de Comercio, la inscripción se hará en libros separados,
según la materia, en forma de extracto que dé razón de lo sustancial
del acto, documento o hecho que se inscriba, salvo que la ley o los interesados
exijan la inserción del texto completo.
Por su parte, instruye el numeral 1.1.2, título viii, capítulo i, de la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que:
Una vez efectuada la inscripción, el secretario insertará una constancia
en el documento registrado, que contendrá los siguientes datos:
• Cámara de Comercio;
• Fecha de inscripción; y
• Número de inscripción y libro en el cual se efectuó […].
Como se ha visto, la actuación registral se adelanta bajo los principios
de legalidad y competencia reglada, por lo que los actos administrativos
22 El inciso primero del numeral 1.4.1, capítulo viii de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio, dispone: «Las cámaras de comercio deben
abstenerse de efectuar la inscripción de los actos, libros y documentos cuando
la ley los autorice para ello. Por tanto, si se presentan inconsistencias de orden legal
que por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará. Así mismo, deberán abstenerse
de registrar actos o decisiones ineficaces o inexistentes, en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio» (subrayas fuera de texto).
producto de la actividad registral lo son también reglados. De esta forma,
tanto el acto de inscripción como el de abstención de registro deben estar
cimentados férreamente en sus respectivos antecedentes de «legalidad».
Que un «acto sea reglado», implica que sus «motivos» están incluidos
en el texto de la «ley» (o de la legalidad), de modo que el funcionario, para
proceder a su expedición, se concentra –sobre todo– en «verificar» que se den
los requisitos y presupuestos legales para el efecto; siendo la única opción
lícita, una vez se han constatado dichos presupuestos, la expedición del acto,
pues en el ejercicio de una potestad reglada no existe posibilidad de elección:
Una decisión administrativa encaja en la noción de acto reglado
cuando su contenido es el único posible en razón de la ley y los
reglamentos, siendo ilegal si los desconoce. Por el contrario, se entiende
como acto discrecional, aquella determinación en la cual la
administración puede optar entre varias soluciones posibles, siendo
válida aquella que escoja 23 .
Así pues, en el acto reglado «el motivo, el contenido y la finalidad están
en íntima correlación con los requisitos de ley para expedir el acto»
(Marienhoff, s. f.). En palabras sencillas, el funcionario expide el acto reglado
simplemente constatando la concurrencia de los requisitos legales para su
expedición, como «llenando una lista de chequeo», pues carece de competencia
para oponer cualquier juicio de oportunidad.
En materia de registros públicos, los motivos del acto administrativo
de inscripción se edifican sobre los requisitos legales que fundamentan el
asiento registral, y no sobre los aspectos sustanciales que subyacen al negocio
jurídico, salvo que una norma así lo disponga. Frente al particular, enseña
el profesor Gordillo (2004):
La distinción entre validez (respecto a las partes) y eficacia (para
terceros) se aplica a los actos entre particulares que para tener
efectos frente a terceros requieren su inscripción en un registro
público. El acto es eficaz entre las partes desde su celebración,
23 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta de 20 de mayo de
2010. C. P.: Enrique José Arboleda Perdomo.