en colombia

262 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 263
última iniciativa, recogida en el Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012, ha
tenido aciertos en esa intención clara de simplificar, reducir y suprimir los
trámites y procedimientos que las personas naturales y jurídicas realizan
ante las autoridades públicas, o ante las entidades privadas que cumplen
funciones públicas. Para ello, se utilizan las herramientas tecnológicas que
permiten la estandarización y automatización de los procesos, la racionalización
de los recursos, y la eficiencia y transparencia en las actuaciones
administrativas.
Las cámaras de comercio, en atención a su función para administrar los
registros públicos que por ley tienen delegada 1 , no han sido ajenas a este
tipo de iniciativas, que han impactado su actividad. Respondiendo a esta po-
1 En ejercicio de la figura de descentralización administrativa por colaboración, las cámaras
de comercio, pese a ser personas jurídicas privadas de carácter gremial y creadas
por el Gobierno nacional, están autorizadas por la ley para cumplir una función
pública administrativa delegada, cual es la de administrar el registro público mercantil,
el registro de entidades sin ánimo de lucro, el Registro Único de Proponentes
y el Registro Nacional de Turismo. En efecto, según la Corte Constitucional: «A las
cámaras de comercio la ley confía la función de llevar el registro mercantil y certificar
sobre los actos y documentos en él inscritos (C. Co., artículo 86). El origen legal
del registro, la obligatoriedad de inscribir en él ciertos actos y documentos, el valor
vinculante de las certificaciones que se expiden, la regulación legal y no convencional
relativa a su organización y a las actuaciones derivadas del mismo, el relieve
esencial que adquiere como pieza central del Código de Comercio y de la dinámica
corporativa y contractual que allí se recoge, entre otras razones, justifican y explican
el carácter de función pública que exhibe la organización y administración del registro
mercantil.
Las cámaras de comercio a las cuales se ha encargado el ejercicio de la anotada
función, no son entidades públicas, pues no se avienen con ninguna de las especies
de esta naturaleza contempladas y reguladas en la Constitución y la ley. Si
bien nominalmente se consideran «instituciones de orden legal» (C. Co., artículo
78), creadas por el Gobierno, lo cierto es que ellas se integran por los comerciantes
inscritos en su respectivo registro mercantil (C. Co.). La técnica autorizatoria
y la participación que ella reserva a la autoridad pública, habida consideración
de las funciones que cumplen las cámaras de comercio, no permite concluir por
sí solas su naturaleza pública. Excluida la función de llevar el registro mercantil,
las restantes funciones de las cámaras, su organización y dirección, las fuentes
de sus ingresos, la naturaleza de sus trabajadores, la existencia de estatutos
que las gobiernan, extremos sobre los cuales no es necesario para los efectos
de esta providencia entrar a profundizar, ponen de presente que solo a riesgo de
desvirtuar tales elementos no se puede dudar sobre su naturaleza corporativa,
gremial y privada» (Corte Constitucional, Sentencia C-144 de 1993. M. P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz).
lítica, se creó inicialmente el Registro Único Empresarial, RUE, como un sistema
que, bajo estrictos parámetros técnicos y de estandarización, integró en
su primera etapa el registro mercantil y el Registro Único de Proponentes de
las cámaras de comercio del país.
En el año 2000, con ocasión de la expedición de la Ley 590, cuya finalidad
era promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
–buscando la generación de empleo, el desarrollo regional, el aprovechamiento
de los pequeños capitales y la integración entre sectores; y basándose
en criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación y facilitación
de la actividad empresarial–, surge el Registro Único Empresarial, RUE.
En el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, se establecieron las bases para la
implementación de este sistema, en los siguientes términos:
Artículo 11. Registro único de las mipyme. Con el propósito de reducir
los trámites ante el Estado, el registro mercantil y el registro único
de proponentes se integrarán en el Registro Único Empresarial, a
cargo de las cámaras de comercio, el cual tendrá validez general
para todos los trámites, gestiones y obligaciones, sin perjuicio de
lo previsto en las disposiciones especiales sobre materias tributarias,
arancelarias y sanitarias.
Atendiendo criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación
y facilitación de la actividad empresarial, la Superintendencia
de Industria y Comercio regulará la organización y funcionamiento
del Registro Único Empresarial, garantizando que, específicamente,
se reduzcan los trámites, requisitos e información a cargo de
las micro, pequeñas y medianas empresas, y que todas las gestiones
se puedan adelantar, además, por internet y otras formas
electrónicas.
Parágrafo: La regulación que realice la Superintendencia de
Industria y Comercio deberá, en todo caso, hacerse en armonía
con las disposiciones estatutarias y con las contenidas en los códigos,
respecto de los registros de que trata el presente artículo.
El propósito de esta iniciativa era crear un sistema que articulara el registro
mercantil y el Registro Único de Proponentes a través de una central de
información, que permitiera gestionar en línea diferentes trámites, acceder