en colombia

302 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 303
5.4 La Ley 1150 de 2007: un giro copernicano en
la administración del Registro Único de Proponentes
A pesar de sus bondades y generosos propósitos, la versión pura de la Ley
80 de 1993 fue quedándose rezagada con el paso de los años, al punto de
que muchas de las debilidades y carencias que pretendió enmendar de las
anteriores normativas, también empezaron a predicarse de ella misma. La
información proveniente del RUP de las cámaras de comercio no representaba
ningún valor agregado para las decisiones contractuales del Estado.
Además, las entidades estatales ejercían una verificación adicional y posterior
sobre los datos que aparecían en el certificado y en los documentos de
soporte proporcionados por las cámaras de comercio, tornando al registro
en un mero formalismo ineficiente y de poca utilidad práctica.
En consecuencia, se hicieron necesarios instrumentos más eficaces y
modernos para fortalecer los procesos contractuales, a fin de cerrar cada vez
más la brecha entre los formalismos jurídicos, la realidad económica y la
satisfacción de necesidades en el cumplimiento de los cometidos estatales.
Amén de adoptar procedimientos o mecanismos para fortalecer la vigilancia
sobre los procesos de contratación, privilegiando la publicidad y el acceso
a los mismos, aspectos todos que motivaron en gran medida las modificaciones
al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública,
mediante la Ley 1150 de 2007.
Muchos fueron los cambios para el Registro Único de Proponentes,
pero sin lugar a dudas el más trascendental de todos fue el haber deferido
en las cámaras de comercio un control formal de legalidad llamado «verificación
documental». Si bien el registro siguió bajo el esquema de la autocalificación
y la autoclasificación por parte del interesado, quedando en
él toda responsabilidad por la veracidad y la conformidad material de sus
informaciones, lo cierto es que las cámaras de comercio asumieron la responsabilidad
de verificar la «congruencia» entre la información consignada
en el formulario y los documentos aportados para soportarla, mediante un
cotejo o comparación entre una y otra. Puede decirse que uno de los puntos
más difíciles para concertar la redacción definitiva del artículo 6 de la nueva
ley, fue precisamente el relativo a los alcances y delimitaciones de dicho
control, pues la delegación del RUP a las cámaras de comercio no incluía
la asignación de funciones y responsabilidades propias de los jueces de la
República (por ejemplo, constatar la autenticidad y la veracidad material de
la información documental), o de tareas y responsabilidades idénticas a las
que caben a las entidades públicas en los procesos contractuales. Por lo dicho,
la ley se decantó hacia un control formal de verificación externa o de
coherencia entre las informaciones suministradas.
Con fundamento en este control, la ley ordenó la creación reglamentaria
de causales taxativas de abstención de registro y de prever hipótesis
más o menos restringidas para el uso del recurso de reposición en contra
del registro, o para efectuar la impugnación por parte de las entidades del
Estado. Se trata, pues, de una verificación documental encuadrada dentro de
una función administrativa enteramente reglada.
El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 aclara definitivamente la función del
certificado RUP, al señalar que:
La calificación y clasificación certificada, de conformidad con el
presente artículo, será plena prueba de las circunstancias que en
ella se hagan constar. En tal sentido, la verificación de las condiciones
establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la presente ley, se
demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP,
en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia,
las entidades estatales, en los procesos de contratación, no podrán
exigir, ni los proponentes aportar, documentación que deba
utilizarse para efectuar la inscripción en el registro.
Es decir, al fijar en las cámaras de comercio la competencia de verificar
documentalmente la calificación y la clasificación de los proponentes, prohíbe
toda intervención en esas materias a las entidades estatales, las cuales
no podrán solicitar documentos que soporten requisitos habilitantes, salvo
que existan condiciones excepcionalísimas y suficientemente justificadas,
en atención al objeto contractual, o porque sea necesario verificar ciertas
informaciones que no se acreditan ante el RUP.
En este sentido, la nueva ley define como plena prueba de la calificación
y la clasificación del proponente solamente aquella información que fue objeto
de verificación documental por parte de las cámaras de comercio, siempre
que adquiriera firmeza. Con esta fórmula, se deja por fuera de la verificación
documental al reporte de entidades estatales (por obvias razones, esa