en colombia

72 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 73
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Epílogo
8.1 Eclosión de registros públicos
En las páginas anteriores hemos visto la evolución de los registros públicos
nacionales que mediante delegación legal son administrados por las cámaras
de comercio. Hoy, ocho de ellos están agrupados en el Registro Único
Empresarial y Social, RUES. Tradicionalmente han existido otros registros
públicos, siendo los de mayor relevancia el registro inmobiliario, que contiene
la propiedad inmueble, sus titulares, gravámenes y embargos y el registro
civil de personas, que contiene desde el nacimiento hasta la muerte de los
ciudadanos. Como a continuación se presenta en una distribución temática,
se ha dado una explosión o eclosión de registros públicos, que, de un lado,
evidencia la trascendencia jurídica, social y económica de los mismos y, del
otro, se insiste, refleja la ausencia de unas políticas públicas sobre la materia,
al no haberse adoptado una forma estandarizada o única para los mismos.
8.2 Portal electrónico único
Hasta el presente no se ha creado un portal electrónico unificado de registros
para su consulta y se carece de una integración entre las diferentes
agencias del estado responsables de los mismos que sirva para su validación
y conformidad.
8.3 Normas constitucionales y legales
Es evidente, en esta materia, la ausencia de reglas jurídicas universales que
determinen los efectos o las consecuencias de los registros, sea que estos
tengan una función declarativa de derechos o constitutiva de ellos o, en
otros casos, como factores habilitantes o requisitos previos necesarios para
acceder a derechos o beneficios. De otro lado, también debe recordarse la
observancia obligatoria de postulados constitucionales como el consagrado
en el artículo 15 39 de la Carta, que preserva el derecho a la intimidad y
que se encuentra desarrollado en la Ley 1266 de 2008 o Ley de Habeas Data.
Lo anterior en concordancia con lo preceptuado en el artículo 20 40 de la
Constitución referente al derecho a la información. Igualmente, debe tenerse
presente el artículo 84 41 de la Carta, que prohíbe establecer requisitos,
permisos o licencias para ejercer derechos o actividades reglamentadas de
manera general. En la actualidad el Estado trabaja en la elaboración de un
proyecto denominado «carpeta ciudadana», del que trata la Ley 1753 de 2015,
o ley del Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018. En esta ley, en su artículo
45, parágrafo segundo, se incorporó la carpeta ciudadana como uno de los
propósitos estatales que buscan la gestión, el acceso, el uso y la apropiación
de las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, y cuya noción
la define así «Parágrafo segundo. El Gobierno nacional, a través del MinTIC,
diseñará e implementará políticas, planes y programas que promuevan y optimicen
la gestión, el acceso, uso y apropiación de las TIC en el sector público,
39 Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y
a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad
y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás
formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas
o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca
la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección,
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
40 Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura.
41 Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de
manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos,
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.