en colombia

186 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 187
como procedimiento administrativo
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EL PROCESO FORMATIVO
DE LOS ACTOS DE REGISTRO
1.1 La solicitud de registro: ejercicio del derecho
de petición, en interés particular
El procedimiento administrativo de registro, entendido como aquel que
tiende hacia la inscripción propiamente dicha (esto es, como el trámite que
busca el «acto de inscripción directa» 1 ), inicia con la solicitud de registro, la
cual es expresión del derecho de petición en interés particular regulado a
partir de la Ley 1755 de 2015, ley a partir de la cual el Congreso de la República
acató la instrucción que en su momento le hiciera la Corte Constitucional 2 .
Aunque el derecho de petición es un derecho constitucional fundamental,
y por lo mismo objeto de protecciones legales y judiciales reforzadas 3 , lo
cierto es que se trata de un derecho subjetivo que tiene también una faceta
«instrumental», pues es el medio para realizar ciertos derechos sustanciales
de las personas; aunque su ejercicio (el de derecho de petición) no impone
necesariamente a las autoridades el deber de dar una respuesta favorable al
1 Para comprender el alcance de las expresiones «acto de inscripción directa» y «actos
que no corresponden a inscripción directa», véase Gil (2010, p. 338).
2 Toda referencia que se haga en este escrito a las normas contenidas en el título ii de
la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, debe entenderse en el contexto y bajo los efectos previstos en la
Sentencia C-818 de 2011, la cual declara inexequibles los artículos 13-33 de la Ley
1437 de 2011, en cuanto desarrollan el derecho de petición; decisión diferida al 31
de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la ley estatutaria correspondiente
que logró materializarse a partir de la Ley 1755 de 2015.
3 La calidad de «derecho fundamental» de un «derecho constitucional», le otorga
eficacia directa y la posibilidad de acudir a determinados instrumentos de protección;
en particular, a la acción de tutela (Artículo 86, Constitución Política).
peticionario (esto significa en el contexto cameral que su ejercicio no conduce
indefectiblemente hacia la producción del acto administrativo de inscripción).
En forma reiterada ha señalado la Corte Constitucional que el deber de
responder al derecho de petición no implica inexorablemente para la administración
el deber de aceptar lo solicitado, pues el núcleo esencial del derecho
de petición se encuentra en la resolución pronta, oportuna y eficaz de
la cuestión planteada, mas no en acceder positivamente a todo lo pedido,
pues también es legítimo, desde el punto de vista del derecho fundamental
en examen, que la administración responda todos los puntos planteados de
manera negativa o contraria al interés del particular 4 . Por esta razón, se ha
sostenido que el ejercicio del derecho de petición es diferente al «contenido
de lo pedido a través de él» 5 , de modo que el procedimiento registral, siempre
que se adelante por los cauces regulares que la ley le ha fijado, puede
desembocar, de forma legítima, en la inscripción de actos, libros o documentos;
en la matrícula mercantil; en la renovación (de la matrícula mercantil o
de las inscripciones en los demás registros); en el depósito de documentos;
en la expedición de certificaciones y copias o en el reconocimiento de una
prerrogativa registral. Así como también puede terminar en una abstención
de registro, en la no expedición de una copia, o en el no reconocimiento de
beneficios legales administrados por las cámaras de comercio en ejercicio de
la función registral.
De otro lado, el derecho de petición genera obligaciones de hacer «que
requieren una conducta que se materializa en diversos momentos: recibir,
tramitar, resolver y comunicar. Se trata de requisitos y etapas propias del
desenvolvimiento de este derecho, que requieren mucho más que una
abstención del sujeto pasivo» (Marín Cortés, 2012, p. 116). Estos aspectos o
momentos los iremos desarrollando conforme traspasemos cada una de las
etapas en que consiste, precisamente, el procedimiento de registro.
Se ha dicho, de cara al procedimiento registral, que las
peticiones en interés particular se ven reflejadas diariamente en
las peticiones de matrícula mercantil, en las solicitudes para la
4 Cfr. Sentencia T-517, del 9 de octubre de 1996; sentencia T-134, del 29 de marzo de
1996; Sentencia T-630 del 8 de agosto de 2002, entre otras.
5 Cfr. Sentencia T-152, del 1 de diciembre de 1995.