en colombia

552 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 553
funciones administrativas asignadas a las cámaras de comercio
para llevar el registro mercantil y de certificar (Cámara de
Comercio de Bogotá, Resolución 097 del 20 de octubre de 1986).
Algunos autores han confundido el aspecto probatorio de
la autenticidad del acto, cualidad esta que confiere el ser instrumento
público, con el acto mismo cuya autenticidad se certifica,
y han pensado que el carácter de instrumento público implicaba
también la verdad y la legitimidad del contenido mismo del acto.
(Gordillo, 1979, p. 5)
Entonces la certificación, como acto administrativo, constituye un documento
público amparado en la presunción de legalidad y veracidad, pero
no implica que los hechos y relaciones jurídicas certificadas sean veraces,
serios y fidedignos. Solamente da fe respecto de que lo certificado es lo que
aparece en sus expedientes registrales. Los efectos de los hechos y relaciones
jurídicas certificadas son oponibles a terceros, no precisamente por
constar en un certificado público, sino por haber sido previamente inscritos
los documentos que los contienen. Lo que pasa es que la certificación, al
emanar de un servicio público, ampara su contenido bajo el principio de la
fides publica, lo cual trae como consecuencia que todo tercero que realice
actos o contratos con base en la certificación, será considerado de buena fe
exento de culpa. Con razón la doctrina afirma:
El acto de certificación, en suma, es de conocimiento porque la administración
lo único que declara es aquello que previamente ha
preconstituido como base de certificación; en consecuencia, este
acto jamás puede configurarse como un acto de voluntad, pues la
administración no tiene discrecionalidad en cuanto a la emanación
del acto ni en cuanto al contenido, que será simplemente un
reflejo total o parcial de lo previamente constituido (con base a un
registro, e inspección, etc.). Los actos consistentes en una declaración
de conocimiento (el descertificado por excelencia) no pueden,
por naturaleza, ser discrecionales. (Martínez y García, 1977, p. 98).
Ahora bien, el certificado sirve como prueba de que se ha realizado la
inscripción o registro de un acto o contrato determinado, incluso a sabiendas
de que el mencionado registro, como acto administrativo, aún no haya adquirido
firmeza:
De esta manera es claro que aunque el acto Administrativo de
inscripción puede ser susceptible de recursos dentro de los 5 días
siguientes a la fecha de inscripción en el registro, el mismo produce
efectos ante terceros desde la misma fecha de inscripción. En
consecuencia los actos administrativos de inscripción son exigibles
y surgen efecto desde el día de su inscripción y no después de
transcurrido el termino para interponer recursos.
[…] por lo anterior, las cámaras de comercio certifican como
fecha de la inscripción aquella en la cual se realiza la anotación en
el respectivo libro de registro, es decir cuando se afecta el kardex
en el sistema de registro público…
[…] de esta manera los actos de inscripción surgen efecto
ante terceros desde el momento de la modificación del kardex […]
[…] con la anotación empieza la oponibilidad a terceros, la
cual se concreta con la certificación expedida por la cámara de comercio
[…]. (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 56 del 20
de mayo de 2009).
2.8.2 Responsabilidad respecto a lo certificado
En virtud de la fe pública registral y el principio de la oponibilidad negocial,
las certificaciones que en materia de registro mercantil expidan las cámaras
de comercio están llamadas a producir plena prueba. Bajo este contexto, en
el evento en que lo certificado no corresponda exactamente a lo inscrito
(o no inscrito, si fuere el caso), la entidad registral asume toda la responsabilidad
por los posibles perjuicios que cause al titular del registro y/o a los
terceros que contrataron, confiados en el contenido de la certificación. Pero
también resulta obvio que la entidad registral no responde por la veracidad
de los hechos narrados en el documento inscrito.
Pese a que el certificado se considere acto administrativo, se ha entendido
que contra estos no proceden los recursos de vía gubernativa (Consejo
de Estado, Sección Cuarta, Auto del 30 de noviembre de 1978, expediente