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424 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 425
De igual manera, estableció la ley cuál sería el ente recaudador del tributo,
al indicar que su liquidación y recaudo, en cuanto se refiere a las escrituras
públicas, debe hacerse por las oficinas que actualmente los realizan,
y que tales comprobantes de pago deberán presentarse ante la oficina de
registro o ante la cámara de comercio respectiva.
No obstante, se permitió, en virtud de lo dispuesto por los artículos 97
y 98 del Decreto 960 de 1970, y en la Ley 29 de 1973 (artículos 18 y 19), que el
notario pueda recibir dinero de los otorgantes de escrituras públicas para
el pago del impuesto, debiendo consignarlo a favor de las oficinas respectivas
en los cinco (5) días siguientes (ver Sentencia del 5 de agosto de 1996,
Consejo de Estado, expediente n.° 7778. C. P.: Dr. Germán Ayala Mantilla).
La Ley 223 de 1995 creó el nuevo impuesto de registro, en su artículo
226, donde se estipula cuáles hechos generarán el impuesto, cuáles serán las
bases sobre las que se tributará, los sujetos pasivos y los porcentajes dentro
de los cuales podrán moverse las asambleas departamentales para determinar
la tarifa a pagar por concepto de impuesto de registro.
Este impuesto de registro es totalmente diferente del impuesto de registro
y anotación a que se refieren todos los antecedentes históricos mencionados.
Tiene un hecho generador diferente, bases, tarifas y sujetos pasivos
distintos. Su creación obedeció a una iniciativa de Álvaro Uribe Vélez,
entonces gobernador de Antioquia, quien había encontrado que en el recaudo
del viejo impuesto de registro y anotación se había presentado gran irregularidad
por parte de las cámaras de comercio, al no exigir previamente el
comprobante del respectivo pago para la inscripción de los documentos que
iban al registro público mercantil. La reclamación del Gobierno de Antioquia
era de tal magnitud monetaria, que se intentó más bien regularizar la situación
hacia el futuro, con la expedición del artículo 226 y ss. de la Ley 223 de
1995, con el fin de que los actos, instrumentos y documentos que se registraran
en las cámaras de comercio hubieran generado el impuesto de registro y
este hubiera sido debidamente cancelado. Se convirtió así un impuesto anacrónico,
ineficiente y arcaico en uno de los recursos fiscales más importantes
de los departamentos en la actualidad.
La importancia de los antecedentes del impuesto de registro no radica
únicamente en su carácter histórico, ya que en varias ocasiones el Consejo de
Estado ha tenido que analizar los antecedentes de dicho impuesto, para saber
si ciertas disposiciones se encuentran vigentes y son aplicables de acuerdo
con el caso concreto. En este sentido, el Consejo de Estado, en Sentencia de 5
de agosto de 1996 (Expediente 7778, con ponencia de Germán Ayala Mantilla),
debió analizar los antecedentes del impuesto de registro para determinar si la
suscripción, en 1994, de un contrato de concesión de espacio público (la concesión
del puerto de Santa Marta a la Sociedad Portuaria) causó el impuesto
de Registro y Anotación; para lo cual era indispensable establecer si dicho impuesto
seguía vigente y si era aplicable al caso en cuestión. La parte demandante
reclamaba la devolución de lo pagado a título de impuesto de registro
y anotación, toda vez que consideraba que «la concesión» no era un acto gravado
con dicho impuesto, puesto que no era un acto sujeto a registro, según
el artículo 2 del Decreto-Ley 1250 de 1970 (acto, contrato, providencia judicial,
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación
o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre
bienes raíces, salvo la cesión de crédito hipotecario o prendario). El Tribunal
Administrativo del Magdalena accedió a las súplicas de la demanda anulando
el acto acusado y ordenando el restablecimiento del derecho, mediante la
devolución de lo pagado. El apoderado judicial de la demandada, en escrito de
apelación, argumentó que el usufructo es una institución jurídica asimilable
a la concesión, y que, al versar sobre bienes raíces y limitar así su propiedad,
debe ser elevada a escritura pública y registrada, lo cual causaría el impuesto
de registro. El Consejo de Estado dictaminó que el objeto del contrato no
contemplaba, en forma alguna, la constitución, modificación, limitación o gravamen,
medida cautelar, traslación o extinción del derecho de dominio o de
otro derecho real sobre bienes raíces, ya que lo que implicaba dicho contrato
era una concesión de espacios públicos que no afectaban en forma alguna la
propiedad de los mismos y, por lo tanto, no se producía el hecho generador de
la obligación tributaria. En consecuencia, confirmó la sentencia del Tribunal y
ordenó la devolución de lo pagado por este concepto.
3.2 Tipicidad del impuesto
La Ley 223 de 1995 (adicionada por otras disposiciones legales) establece los
elementos básicos del impuesto de registro en Colombia, así: