en colombia

402 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 403
su disposición las cantidades respectivas. El embargo de las cuotas sociales
está sometido a registro mercantil, tal como lo ordena el numeral 8 del artículo
28 del Código de Comercio, ya que si la cesión de cuotas está sometida
a inscripción, así debe estarlo también el embargo de las mismas.
Sobre el tema de embargo y secuestro de acciones y cuotas sociales,
pronunciamientos recientes de la Superintendencia de Valores han establecido
claridad sobre los derechos que el embargante tiene con relación a los
bienes sometidos a la medida cautelar. En oficio de fecha 25 de marzo de
2004 (Familia S. A.), la Superintendencia dispuso, entre otras cosas, que:
El acto jurisdiccional del embargo es una medida cautelar que tiene
por objeto colocar un bien fuera del comercio, e implica el ejercicio
de un derecho real del embargante, pero en ningún evento
constituye título traslaticio de dominio.
Por tratarse de una medida cautelar sujeta al posterior fallo del
juez competente, su efecto se circunscribe a inmovilizar el bien en el
mundo del negocio jurídico, haciendo que exista objeto ilícito en la
enajenación o gravamen del bien embargado mientras esté afectado
con la medida, según lo previsto por el artículo 1521 del Código Civil.
A su vez, el secuestro es una medida cautelar a través de la
cual el juez que conoce del respectivo proceso dispone el depósito
de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de
otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor,
según lo previsto por el artículo 2273 del Código Civil, y cuyo efecto
es la pérdida de la tenencia del bien por parte de su propietario.
El secuestro se puede denominar complementario cuando
actúa como medida adicional a la del embargo, caso en el cual
complementa y perfecciona al primero. Si el secuestro no perfecciona
y no complementa un embargo se denomina autónomo.
En atención a su naturaleza de medida cautelar, las figuras de
embargo y secuestro tienen como fin asegurar el cumplimiento
de un eventual fallo adverso al titular del bien, y no constituyen
título ni modo de transferir la propiedad.
En todo caso, el decreto y práctica de dichas medidas debe
sujetarse a las normas propias del respectivo proceso, y no puede
exceder el límite del derecho que se reclama, ni hacerse valer
fuera del ámbito del proceso en que se decretan, de forma tal que
con ocasión de ellas no se pueden afectar los derechos de su titular
más allá de los efectos propios de cada una.
Así las cosas, el decreto y práctica del embargo y secuestro
que se profiera sin sujeción a las normas propias de cada juicio, o
que exceda el límite del derecho que se pretenda proteger o los
efectos propios de cada medida, podrá ser controvertida por las
partes dentro del proceso respectivo, a través de los recursos y demás
medios de contradicción que otorgue la ley para el efecto.
En este orden de ideas, se concluye que ninguna de las dos
figuras tiene el efecto de transferir el dominio del bien sobre el
cual recaen, ni implica para su titular la pérdida de los derechos
derivados de la propiedad, razón por la cual el hecho de que las acciones
de una sociedad anónima se encuentren sujetas a embargo
y secuestro, no faculta al secuestre para ejercer en nombre del
titular los derechos que se derivan de la propiedad del título valor,
pues su función se circunscribe a tener en custodia los bienes que
se le entreguen, de conformidad con lo previsto por el artículo 683
del Código de Procedimiento Civil.
Lo anterior implica que, pese a la medida cautelar que recae
sobre las acciones, su titular o titulares siguen siendo los únicos
legitimados para ejercer los derechos que de esa condición se desprenden,
sin que el secuestre pueda pretender suplantarlos para
tal efecto, a menos que cuente con poder otorgado por los propietarios
de las acciones para tal efecto.
Desde el 19 de marzo de 2004, la misma Superintendencia absolvió la
consulta planteada, de la siguiente forma:
¿Procede la medida preventiva de «secuestro de acciones nominativas»,
aunque la misma medida cautelar era solo aplicable a
las acciones al portador que fueron abolidas (derogadas tácitamente
del Código de Comercio) por la Decisión 24 del Acuerdo de
Cartagena, que estableció que el capital de las sociedades anónimas
en Colombia solo podría estar constituido por acciones nominativas
(Decreto 1990 de 1973)?