en colombia

418 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 419
Una vez cancelado o aprovisionado el pasivo externo por el liquidador, se
procede a distribuir los remanentes sociales en dinero o en especie, a prorrata
de las participaciones en el capital, en la proporción establecida en los
estatutos, o de la manera que los mismos asociados acuerden (artículo 247,
inc. 1, C. Co.). Culminada la liquidación, desaparece la persona jurídica. Las
cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio, que aparecían en la contabilidad,
se llevan a cero mediante el cierre contable, y se procede a la cancelación
del NIT y a la presentación de la última declaración tributaria de los impuestos
correspondientes. La liquidación se perfecciona con el registro del
acta aprobatoria del proceso adjudicatorio, en la cual consta la aceptación
de los asociados de la rendición de cuentas y del trabajo final presentados
por el liquidador. El acta se inscribe en el registro público mercantil y en todas
las demás oficinas donde deba procederse al registro dependiendo de
los bienes entregados en el proceso, como lo serían las oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos, la Capitanía del Puerto, las oficinas de Tránsito
Municipal y la Aeronáutica Civil. Cuando se adjudiquen bienes (como los inmuebles),
para cuya enajenación se exijan formalidades especiales (como
la escritura pública), deberán estas cumplirse por los liquidadores. La escritura
pública consiste en la notarización de la parte pertinente del acta 37 .
Registrada el acta de liquidación, queda perfeccionada la tradición del dominio
de los bienes adjudicados, debiendo el liquidador cumplir con una
obligación post mortem, que consiste en la protocolización en una notaría
del domicilio social del acta, con anexos (artículo 247, inciso 2, C. Co.). Esta
protocolización para nada incide en la culminación de la liquidación, en el
perfeccionamiento de la misma ni en la tradición de los bienes; razón por
la cual es un poco inocua y genera gastos legales, pero su realización está
supervisada por la superintendencia que ejerza la inspección y vigilancia de
la sociedad que se liquida.
La liquidación no es una reforma del contrato ni comporta una modificación
estatutaria, sino que es el desarrollo del proceso de entrega de los
remanentes a los asociados, una vez la sociedad haya culminado con sus
operaciones económicas y jurídicas.
37 El artículo 31 de la Ley 1429 de 2010 estableció que «en ningún proceso de liquidación
privada se requerirá protocolizar los documentos de la liquidación según lo
establecido en el inciso 3 del artículo 247 del Código de Comercio».
Por tradición, se ha afirmado que el proceso liquidatorio es siempre total,
y que, como abarca el patrimonio de manera íntegra, comprende la devolución
de la totalidad de remanentes a los asociados, una vez disuelta la
sociedad; y conlleva el desaparecimiento de la persona jurídica. No ha existido
regulación positiva sobre reembolsos patrimoniales parciales a los asociados,
que corresponden a la situación inversa de la sed de fortalecimiento
patrimonial de las compañías en un momento determinado. Si en la vida
corporativa, en ocasiones, la sociedad requiere de sus asociados un esfuerzo
financiero mediante el incremento de sus aportes, también es comprensible
y viable que, por razones de estructura o de operación, la compañía posea
excesos patrimoniales no necesarios, y recursos que no son indispensables
para el desarrollo del objeto social; y disponibilidades en exceso, de las requeridas
para su operación normal, que, simultáneamente, se necesiten por
parte de los asociados. El artículo 145 del Código de Comercio, con un limitado
alcance, ha venido regulando los reembolsos de capital; pero al referirse
el reintegro solo al valor del capital, las bases de las devoluciones son muy
limitadas, puesto que no se extienden a sumas que tendrían como contrapartida
otras cuentas del patrimonio: las reservas, la revalorización del patrimonio,
la prima en colocación de acciones 38 . Se venía sosteniendo, por una
38 Mediante Oficio 220-007226 del 9 de enero de 2015, la Superintendencia de Sociedades
amplió y explicó su posición actual sobre la naturaleza y el tratamiento que ha de dársele
a la prima en colocación de acciones.
Como es sabido, con ocasión de la expedición de la ley 1607 de 2012, la Superintendencia
se vio en la necesidad de examinar su doctrina y profirió así la Circular Externa 200-
000008 del 1 de agosto de 2014, donde fijó la postura que hoy se encuentra vigente.
Según esta, la prima en colocación de acciones no es una utilidad (y, por ende, no
sigue las reglas de los dividendos –ni para su reparto ni para su capitalización ni para
su aplicación a pérdidas–), sino, por el contrario, hace parte del aporte entregado
por el socio o accionista a la compañía en virtud de lo establecido en el contrato de
suscripción de acciones. Al ser un aporte, establece la Superintendencia que: a) debe
seguir las reglas del capital social para que los socios o accionistas dispongan de esta
partida en los mismos términos del capital social, incluso para aplicarla a pérdidas,
b) aplicará para la prima las mismas normas mercantiles que son aplicables al capital,
dentro de las que se encuentran los artículos 144 y 145 del Código de Comercio
(reembolso total o parcial del aporte y disminución de capital),y c) la prima podrá
aplicarse a pérdidas siempre que la sociedad se encuentre en causal de disolución,
tal como se predica del capital social. Termina concluyendo la Superintendencia que
a) «el reembolso de la prima afectará a todos los asociados en proporción a la participación
en el capital social, salvo pacto estatutario en contrario o decisión unánime