en colombia

300 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 301
El envío de información por parte de las entidades estatales se hacía
por medio físico, con intervalos de seis meses, a más tardar los días 15 de
julio y 15 de enero de cada anualidad. Entretanto, las cámaras de comercio
certificaban los reportes consignados en sus archivos registrales, bajo la forma
y los tiempos que los reglamentos fueron definiendo. En un principio,
estos reportes tuvieron un alcance meramente local, pues hasta antes de
la entrada en operación del Secop, y su integración con el RUE, las cámaras
de comercio no contaban con una herramienta tecnológica y jurídica que
permitiera el almacenamiento seguro de esos reportes en un repositorio común.
Así que en los primeros años de vigencia de la Ley 80 de 1993, la información
remitida por las entidades del Estado quedaba vertida únicamente
en los archivos locales de cada cámara de comercio encargada de registrarla.
La Ley 80 de 1993 también creó la obligación, a cargo de las entidades
del Estado, de remitir información sobre convocatorias a licitaciones, a fin
de ser publicadas en el boletín mensual de licitaciones y concursos que editaban
las cámaras de comercio a través de la Confederación Colombiana
de Cámaras de Comercio, Confecámaras. En un principio, la información sobre
la intención de dar apertura a una licitación se hacía por medios físicos.
Luego, la obligación se entendió cumplida para la entidad Estatal por
la simple remisión del informe a través de correo electrónico, con independencia
de su publicación material en el boletín (cfr. Decreto 066 de 2008).
Conviene mencionar que este boletín no existe en la actualidad, pues fue
eliminado por el Decreto-Ley 019 de 2012 (cfr. artículo 224), en la medida en
que la publicidad electrónica ofrecida por el Secop se entiende como mejor
y más eficiente.
De otro lado, la Ley 80 de 1993 estableció un procedimiento administrativo
especial para que cualquier persona, previa caución bancaria o de
compañía de seguros, impugnara la calificación o clasificación de los proponentes.
En el mismo sentido, estableció que las entidades del Estado debían
impugnar el registro de los inscritos, cuando frente a su información
se advirtieran «irregularidades o graves inconsistencias» (cfr. artículo 22.5,
ibíd.). El primer lenguaje empleado por la ley no fue el de los recursos de la
vía gubernativa contra los actos de inscripción, sino uno propio del derecho
privado: la impugnación. Con el tiempo, la ley dejaría solo en cabeza de las
entidades del Estado el «derecho a impugnar la información de los proponentes»,
dejando a los ciudadanos la posibilidad de hacer uso del recurso
de reposición contra el acto de registro, en los términos y bajo las estrictas
condiciones que las normas legales fijaron para el efecto.
De otro lado, con fundamento en los artículos 22.9 y 79 de la Ley 80 de
1993 (Régimen de Vigencia e Implementación del RUP) y bajo los parámetros
del Decreto 856 de 1994 (su primer reglamento), las cámaras de comercio
asumieron la administración del Registro Único de Proponentes el 28 de
octubre de 1994.
Una característica del régimen del RUP (y del contrato estatal en general),
según ya se había advertido, es su cambiante sujeción a la facultad reglamentaria
del presidente de la República. A lo largo de los años, los aspectos técnicos,
prácticos y puntuales para la autocalificación y la autoclasificación de proponentes,
las tarifas por los servicios registrales, los modelos de formulario y certificación,
los documentos de soporte, los reportes de entidades del Estado sobre
contratos, multas y sanciones (entre otros asuntos), sufrieron modificaciones
importantes, introducidas especialmente por los siguientes reglamentos:
• Decreto 856 de 1994
• Decreto 1584 de 1994
• Decreto 194 de 1995
• Decreto 092 de 1998
• Decreto 393 de 2002
• Decreto 1126 de 2002
• Decreto 3212 de 2012
• Decreto 780 de 2003
• Decreto 3401 de 2003
• Decreto 2763 de 2005
• Resolución 2125 de 1994; Superintendencia de Industria y Comercio
• Resolución 2497 de 1994; Superintendencia de Industria y Comercio
• Resolución 403 de 1995; Superintendencia de Industria y Comercio
Sin embargo, la Ley 80 de 1993 dejó sentadas las bases de la institución
del RUP, tal como la conocemos hoy, entregando a las cámaras de comercio
el registro y la prueba de las condiciones habilitantes del proponente, a fin
de que la entidad convocante califique los aspectos de elegibilidad y, por
sobre todo, que se concentre en la tarea primordial en cualquier proceso de
selección posible: elegir la propuesta más favorable al Estado.