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250 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 251
como procedimiento administrativo
administrativas son revocables, por cuanto se menoscabaría la seguridad
jurídica, pero tampoco sería adecuado que todas ellas fueran irrevocables,
pues en algunos casos será necesario retirar del ordenamiento jurídico alguna
disposición administrativa que imponga una sanción o un gravamen
exorbitante para los particulares. La primera condición para que un acto administrativo
sea revocable es que se trate de un acto de carácter particular,
como son aquellos ligados a los procedimientos de los registros administrados
por las cámaras de comercio.
Por otra parte, la revocatoria directa es un instrumento para que la administración
revise sus decisiones de manera unilateral. Por este motivo, el
inicio de la actuación tendiente a revocar un acto administrativo se puede
dar de oficio o a solicitud de parte, como lo indica el artículo 93 del nuevo
código, pues no se requiere, para el inicio del trámite revocatorio, del consentimiento
del particular a quien afecta el acto. Distinto es, que para que
se proceda efectivamente a la revocación, se requiera de la aquiescencia del
particular, como se verá más adelante.
El mencionado artículo 93 del CPACA también indica, de forma taxativa,
las razones por las cuales procede la revocatoria de un acto administrativo
de registro, a saber: cuando se oponga manifiestamente a la constitución
o a la ley, cuando no se ajuste al interés público o social y cuando se cause
agravio injustificado a una persona. Sin embargo, no debe perderse de vista
lo dispuesto por el artículo 94 de la misma codificación, según el cual respecto
de la primera causal no procederá la revocatoria a solicitud de parte
cuando se hayan interpuesto los recursos administrativos; lo cual es apenas
obvio, pues ya en esa sede tuvo el particular oportunidad de manifestar su
inconformidad con el acto, y la cámara de comercio pudo efectuar una revisión
previa del mismo. Debe recordarse, además, que en este caso se hace
referencia a un control de legalidad, por lo que puede alegarse la existencia
de cualquier inconsistencia en el procedimiento formativo del acto registral,
o cualquier deficiencia en la calificación jurídica del acto sujeto a inscripción.
Sobre la revocatoria por solicitud de parte, solo falta agregar que, con
la entrada en vigencia del nuevo código, el término para que la administración
resuelva una solicitud de este tipo se redujo de tres a dos meses
(inciso 2, artículo 95, CPACA). Adicionalmente, no sobra decir que contra
el acto administrativo que resuelve la solicitud de revocatoria directa no
cabe recurso alguno (inciso 3, artículo 95, CPACA). Además, por expresa
prohibición legal, ni la solicitud ni la decisión de revocatoria directa reviven
los términos para iniciar acciones en sede contenciosa, ni dan lugar a
la aplicación del silencio administrativo.
A diferencia de lo que ocurre con la revocatoria por solicitud de parte,
la administración puede iniciar oficiosamente el procedimiento especial de
revocatoria de sus actos, en cualquiera de los casos indicados por el artículo
93 del CPACA, sin limitación alguna; es decir, incluso cuando se dé la revocatoria
con fundamento en su inconstitucionalidad o ilegalidad y se hayan
interpuesto los recursos de la vía gubernativa. En cuanto al término para la
revocación oficiosa de actos administrativos expedidos por las cámaras de
comercio, vale la pena resaltar lo indicado por el inciso 1 del artículo 95 del
CPACA, según el cual la autoridad registral puede iniciar el trámite de revocación
en cualquier momento, siempre que no haya perdido competencia para
hacerlo, por haberse notificado el auto admisorio de una demanda que se
haya iniciado contra el mismo acto cameral ante la jurisdicción contenciosa.
Ahora bien, la pérdida de competencia de la administración para revocar
sus actos, por razón de la notificación del auto admisorio de la demanda, no
impide que durante el proceso la autoridad correspondiente formule ofertas
de revocatoria, lo que constituye una novedad legislativa. Para que estas procedan,
deben ser previamente aprobadas por el comité de conciliación de la
entidad y, una vez formuladas, serán examinadas por el juez, quien ordenará
ponerlas en conocimiento del demandante para verificar si se ajustan al ordenamiento
jurídico. En caso de que el demandante acepte la oferta de revocatoria,
el proceso terminará por auto, en el que se indicarán las obligaciones
de la autoridad demandada (Parágrafo del artículo 95, CPACA).
Es interesante lo dispuesto por el Art. 97 de la nueva codificación, pues
si bien mantiene lo dispuesto por el código anterior (en el sentido de que si
el acto creó o modificó una situación jurídica concreta o reconoció un derecho
de igual categoría, para su revocatoria se debe contar con la aquiescencia
previa, escrita y expresa del titular del derecho), la actual codificación establece
unas nuevas limitaciones para la administración y, por lo mismo, para las
cámaras de comercio. En efecto, los incisos 2 y 3 de este artículo indican que:
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que
el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la