en colombia

294 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 295
5.2 Antecedentes: los registros de proponentes
en los estatutos contractuales de los
entes públicos nacionales
El Registro de Único de Proponentes no siempre ha sido único, ni siempre ha
sido administrado por las cámaras de comercio, ni siempre se ha sujetado a
los mismos propósitos y principios.
Este registro se remonta a lo previsto en los artículos 32 y 33 del Decreto-
Ley 1670 de 1975, como un requisito previo y obligatorio para que la Nación
y sus entidades descentralizadas pudieran celebrar contratos con personas
naturales y jurídicas. Dicho registro era llevado por las mismas entidades
encargadas de seleccionar a los contratistas, a través de dependencias especializadas
para el efecto. En aquella época, el proponente presentaba la
documentación exigida para la inscripción de acuerdo a la naturaleza de los
bienes o servicios ofrecidos, aunque correspondía a la misma entidad convocante
la determinación de la calificación y la clasificación del proponente,
con fundamento en la información presentada.
El llamado Estatuto Contractual de los Entes Públicos Nacionales, vertido
en el Decreto-Ley 150 de 1976, reprodujo de forma literal lo que su antecesor
había previsto en torno al registro de proponentes, sin agregar o
modificar nada a la institución (cfr. artículos 32 y 33).
Luego, el Decreto-Ley 222 de 1983 introduciría, en sus artículos 44 y 45,
nuevos aspectos regulatorios, a los que debían sujetarse los ya existentes
registros de proponentes llevados por la Nación o sus entidades descentralizadas.
Entre los asuntos más descollantes, se cuentan los siguientes:
señaló que la vigencia de la inscripción, calificación y clasificación en el registro
se extendería por un término de veinticuatro meses, al cabo de los
cuales sería necesario renovarlo; asimismo, señaló con precisión que el responsable
de la calificación y clasificación de los proponentes sería el «jefe
de la entidad», a través de una evaluación de los documentos presentados
por el solicitante; el citado decreto también prohibió adelantar procesos de
licitación, adjudicación o celebración de contratos con personas que no estuvieran
debidamente inscritas, calificadas y clasificadas con anterioridad
en el respectivo registro de proponentes de cada entidad; prescribió que la
calificación y clasificación en el registro regiría para todas las propuestas
que el inscrito presentara a la entidad; y reafirmó el carácter público del
registro, junto con la posibilidad de que cualquier persona pudiera solicitar
certificaciones.
Sin embargo, cabe mencionar que esos estatutos contractuales citados
regularon aspectos generales sobre la «contratación administrativa» (hoy
contratación estatal) de cara a las entidades del orden nacional; permitiendo
que los departamentos y municipios adoptaran sus propios estatutos
contractuales, y fomentando de esta forma la proliferación de registros de
proponentes locales y sectorizados, regidos por sus propias reglas y requisitos,
pero sin ninguna articulación entre sí. La calificación y clasificación de
los proponentes se hacían depender de las exigencias y requisitos de cada
entidad en concreto; por lo que una misma persona, en un mismo momento,
podía ostentar requisitos habilitantes diferentes, según se tratara de la entidad
calificadora y de las formalidades requeridas en cada lugar.
Soportar semejante aparato para cumplir una tarea registral de utilidad
limitada, sin unidad de propósito y adelantada bajo multiplicidad de
criterios rayanos con el caos, implicó para el Estado terribles costos financieros
y de transacción, altos índices de ineficiencia, y constituyó una fuente
de corrupción difícil de contener. Estas situaciones, junto con los crecientes
reparos que se le hicieron a los estatutos contractuales anteriores a la
Constitución Política de 1991, motivaron la expedición de la Ley 80 de 1993.
Frente a la institución del Registro Único de Proponentes, la exposición de
motivos del proyecto de ley consignó lo siguiente:
Registro de proponentes
Con el propósito de unificar procedimientos y simplificar trámites,
el proyecto en su Artículo 22 establece que quienes aspiren
a celebrar contratos con entidades estatales, se inscribirán en un
único registro de proponentes que será llevado por las cámaras
de comercio. Se busca con tal medida subsanar las consecuencias
que se derivan de la variedad hoy imperante en cuanto concierne
al registro.
Las cámaras de comercio han demostrado ser entes preparados
y eficientes que, por tanto, garantizan la bondad y beneficios
de la disposición. Si bien el registro de proponentes ha constituido
por regla general un requisito previo para la contratación,
el proyecto lo exige únicamente respecto de contratos de obra,