en colombia

532 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 533
normas. En primer término, dicho efecto se desprende de la misma función
registral, la cual es pública. Por otra parte, esta función pública está llamada
a exteriorizarse mediante la expedición de certificados y copias de documentos
con pleno valor probatorio (arts. 30 y 44 del C. Co.). También es cierto
que el numeral 4 del artículo 29 del Código de Comercio dispone que los
actos sujetos a registro no producen efecto frente a terceros, sino a partir
de su registro. A su vez, el artículo 901 (ibídem), consagró la inoponibilidad
del negocio jurídico que, requiriendo el registro mercantil, no cumpla con
dicha formalidad. El legislador, a contrario sensu, otorga oponibilidad a los
negocios jurídicos que cumplan con el formalismo del registro o publicidad.
La simple oponibilidad implica una presunción general de conocimiento,
como consecuencia de la publicidad o registro. Pero es obvio que dicha
presunción opera por disposición de la ley, independientemente del querer
y conocimiento real del tercero. Es decir, el acto me es oponible y sus efectos
me son extensibles, aunque yo no lo quiera, o desconozca el negocio jurídico
de que se trate y el hecho mismo de su registro. Pero cuando yo, como tercero,
solicito una certificación a la cámara de comercio y esta me es expedida,
la simple presunción se torna en un conocimiento real y auténtico del hecho
certificado. Por otra parte, si la certificación es la prueba del registro mismo,
es indiscutible que la entidad certificadora cumple una función de certeza y
seguridad en el tráfico jurídico de los actos y contrato sujetos a registro; lo
que no es otra cosa que el desarrollo del principio de la fe pública. La Cámara
de Comercio de Bogotá, sin reserva alguna, ha aceptado dicho principio:
La fe pública rige como un concepto jurídico que atribuye consecuencia
de validez absoluta y eficacia completa al acto. Esta se
debe a quienes recibieron del Estado la facultad de recubrir de autenticidad
y validez el acto u operación. El Código de Comercio,
en sus artículos 30, 44 y 117 entre otros, consagra la facultad que
tienen las Cámaras de expedir certificaciones que constituyen la
prueba de los actos que en ellos se hace constar, es decir, que les
da a las cámaras de comercio la facultad expresa de dar fe sobre
los actos y documentos inscritos en ellas. En esta medida, el certificado
de matrícula de personas naturales, de personas jurídicas
y de establecimientos de comercio, así como los de existencia y
representación e inscripción de documentos de las sociedades,
son una manifestación de la función de dar fe pública que tienen
las cámaras de comercio, función que además ha sido calificada
como función pública, pese a ser las cámaras de comercio entidades
privadas (Cámara de Comercio de Bogotá, Oficio n.° 18.198 del
13 de noviembre de 1990).
Tiene razón la entidad, pues la institución registral tiene como misión
especial la de dar fe sobre los actos o documentos inscritos, recubriendo las
certificaciones que expida al respecto de autenticidad y validez, lo cual coincide
con el concepto doctrinal de la fe pública:
La Fe, que es esencialmente creencia e implica un cierto componente
volitivo, cuando se hace pública pierde ambos elementos
y se manifiesta como una imposición del Poder Público, que atribuye
a determinadas personas, con exclusión de las demás, la calidad
de la veracidad en todo aquello que afirman o atestiguan
(fe pública subjetiva), o que da primacía de verosimilitud a lo que
declara una norma (fe pública objetiva) frente a lo que afirman o
atestiguan los particulares.
La Fe pública, a diferencia de la privada, no está basada en el
firme convencimiento que tenemos sobre la verdad que la misma
encierra, sino en la creencia general que impone el Estado y la verdad
oficial que nos obliga a aceptar.
Ese elemento impositivo, que en la fe pública tiene un carecer
esencial, no es una manifestación arbitraria de la posición exorbitante
de la administración, sino la única fórmula posible ante la
complejidad de las relaciones de la vida social.
La vida social requiere, por su complicación, una cierta estabilidad
en las relaciones; que aparezcan siempre con un carácter
de evidencia y permanencia para que no pueda suscitarse duda
posterior sobre ellas.
Si solo hubiera de otorgarse carácter auténtico a aquellos
hechos que por sí mismos ofrecieran garantías suficientes, difícilmente
la fe pública llegaría a manifestarse. El simple transcurso
del tiempo, que hace desaparecer los elementos intervinientes en
las relaciones jurídicas, fundamentalmente los de orden personal,