en colombia

40 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 41
de 1853, que surgió como iniciativa del prolífico legislador panameño don
Justo Arosemena y que en buena parte reproducía el Código español de 1829
elaborado por don Pedro Sáinz de Andino, texto que igualmente se fundamentaba
en el mencionado Código de Comercio Napoleónico de 1807. Fue
efímera la vigencia nacional de este código por la llegada en 1858 de una
legislación federalista, cuya máxima expresión se plasmó en la Constitución
de Rionegro de 1863. En este modelo constitucional la expedición de la legislación
terrestre mercantil pasó a ser competencia de los Estados de la
Unión, conservándose como legislación naciónal lo atinente a la legislación
marítima mercantil. Dentro de este caos normativo, en el cual varios Estados
no alcanzaron a legislar, la misma desestabilización política que sufrió el
país y que se reveló en numerosas confrontaciones armadas, la orientación
ideológica del régimen que exaltaba la total libertad para el ejercicio de la
industria y el comercio, impidieron la consolidación de un sistema de registros
mercantiles.
Una tercera etapa surge con la conformación de la república unitaria y
centralista consagrada en la Constitución de 1886, fruto del régimen denominado
de la Regeneración, encabezado por don Rafael Núñez y don Miguel
Antonio Caro. Como desarrollo de este formidable cambio en el modelo político
de la República, se dictó la Ley 57 de 1887, la cual en su artículo primero
unificó la legislación nacional, adoptando como código en materia terrestre
mercantil el sancionado por el extinguido Estado de Panamá, el 12 de octubre
de 1869 y el nacional sobre la misma materia, edición de 1884, sobre comercio
marítimo. Este código que rigió hasta el año 1972, incorporó la obligación de
empresas de provisiones, agencias, tiendas o mostradores de efectos mercantiles;
establecimientos de ventas de almoneda pública, operaciones de cambio, banco
o corredurías; todas las obligaciones con respecto a las letras de cambio, vales o
pagarés, y remesas de dinero hechas de una plaza a otra para objetos de comercio;
toda empresa de construcción naval; y todas las compras, ventas y reventas de
embarcaciones, sus útiles y aparejos para la navegación interior y exterior; los contratos
sobre fletes de carretas y caballerías para transportes de efecto de comercio,
y todos los fletes de buques; el empréstito o préstamo a la gruesa; los seguros,
cuentas de compañía, factorías, quiebras, naufragios; la avería gruesa o sencilla;
los acuerdos y convenciones de salarios con las tripulaciones de los buques; los
conocimientos y contratos entre sus capitanes y los fletadores, y todos los demás
asuntos que se hayan designados en las ordenanzas de Bilbao y demás leyes vigentes
de la República o que en adelante rigieren.
registrar importantes actos mercantiles, en especial en las áreas de sociedades
y, además, ordenó el registro de algunas modalidades comerciales. Esta
codificación, en gran parte originaria de Chile, pero con clara influencia del
Código español de 1829 y, por tanto, del mismo Código Napoleónico de la
materia, sufrió una importante modificación por la Ley 28 de 1931, la cual se
califica como un cuarto período histórico del registro. Esta ley asignó a las
cámaras de comercio la responsabilidad de llevar un verdadero registro mercantil
para muchos actos que hasta esa fecha se inscribían en los juzgados y,
además, dio nacimiento a la matrícula mercantil de los comerciantes, denominada
en ese momento como registro público. Este sistema se consolidó en
1949, cuando las cámaras de comercio tuvieron competencia en todo el territorio
nacional, suprimiéndose así cualquier participación de los jueces, la cual
se había agotado en buena parte desde la expedición de la mencionada ley.
Una quinta etapa se inicia a partir del Decreto 410 de 1971 o Nuevo
Código de Comercio, que contiene una coherente normatividad sobre el
registro mercantil, que continuó en la esfera de las cámaras de comercio,
instituciones de orden legal, pero de naturaleza privada, que sin duda han
demostrado durante más de ochenta años la bondad de la privatización de
un servicio público que ha sido eficiente, transparente y a la vez ha impulsado
la formalización del comercio nacional.
Con posterioridad a la vigencia del Código de Comercio, las cámaras de
comercio han recibido el encargo de administrar los registros de las entidades
sin ánimo de lucro y el de contratistas. A partir del año 2005 se inició un
proceso de unificación nacional del registro, meta de mucha trascendencia
que ha servido para dotar el mercado de una más amplia información entre
los diferentes agentes del mismo e igualmente ha contribuido al desarrollo
de la internacionalización o globalización de la economía colombiana. Esta
sexta y última etapa se denomina contemporánea.
Seis serán entonces las etapas en las que se dividirá esta aproximación
a una historia del registro mercantil nacional.