en colombia

528 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 529
El original del artículo 40 tenía previsto que los documentos
que no fueran auténticos por su naturaleza, o que no estuvieran
autenticados ante notario o juez, deberían presentarse personalmente
ante la cámara de comercio; y que, presentados en esta
forma, previa identificación de los otorgantes, se tendrían como
auténticos. Lo cual era lógico, por cuanto los funcionarios de la
cámara obran como funcionarios públicos en cumplimiento de la
función de llevar el registro mercantil, y era necesario, por cuanto,
como se dijo en la exposición de motivos, solo deben registrarse,
esto es, dotarse de publicidad obligatoria los documentos auténticos,
como medida elemental de seguridad para los terceros y
para las partes mismas. Pero los expertos de la hora de nona suprimieron
la última parte, para limitarse a exigir la presentación
personal de los documentos no auténticos ni autenticados, sin reconocer
esa autenticidad y habiendo conservado la norma según
la cual el documento suplido por un certificado de la Cámara «tendrá
el mismo valor probatorio del original» (artículo 44). De esta
suerte se creó un problema de interpretación que, aunque debe
resolverse a favor de la autenticidad del documento presentado
personalmente, por la función pública que cumplen entonces las
cámaras y los antecedentes de la reforma, no va a dejar de prestarse
a soluciones distintas en la práctica. (Pinzón, 2001, p. 39)
En realidad, la mutilación de la frase que indicaba el efecto auténtico
del documento, una vez presentado personalmente ante el secretario de la
cámara, no impide llegar a esta misma conclusión, pues de otra forma la
norma no tendría ningún sentido. El hecho de que la ley prevea la obligación
de que todo documento sujeto a registro deba ser auténtico tiene como finalidad,
se repite, proteger a terceros de los efectos de la publicidad. Ahora
bien, no resultaría afortunado para los terceros que, por un lado, la ley les indique
que los efectos que se deducen del contenido de los documentos inscritos
les son oponibles y, por el otro lado, que los suscriptores, otorgantes o
beneficiarios directos de los actos o contratos registrados puedan desconocerlos
en cualquier momento. Con el principio de la «autenticidad» del documento
inscrito, todas las partes quedan «amarradas» y vinculadas al contenido
de los documentos, mientras no se declare judicialmente la falsedad.
Por esta misma razón, el artículo 41 del C. Co. dispone que las copias de las
providencias judiciales o administrativas objeto de registro también deben
ser auténticas.
Entonces, una vez inscrito el documento, cuya «autenticidad» ya no se
discute, sin resistencia alguna se produce el fenómeno jurídico de la publicidad
general u oponibilidad. Ahora bien, como ya se manifestó, la publicidad
general puede ser material, siendo aquella que se produce de manera
automática y «presunta», por el simple registro y, por lo tanto, equivale a la
denominada oponibilidad. Pero, igualmente, la publicidad puede ser formal
o real y esta es la que se genera por intermedio de las certificaciones que
solicitan los terceros, pues en esta forma la publicidad pasa de ser aparente
a real. Por razón de lo anterior, cuando las cámaras de comercio expiden certificaciones,
no están cumpliendo una simple labor de publicidad, sino que
dichas entidades desarrollan el principio de la fides publica, dando certeza
y seguridad a los terceros sobre lo certificado. Por esta razón se afirma que
la fe pública registral otorga al registro funciones de certeza, legitimación y
seguridad jurídica:
El ordenamiento jurídico colombiano consagra la figura del registro
mercantil como el sistema destinado a asegurar el orden y la
confianza pública en las relaciones jurídicas, mediante la anotación,
actualización y certificación que una entidad especializada
hace de aquellos actos, hechos y circunstancias que puedan interesar
a terceros y cuya importancia jurídica impone el derecho
a acceder libremente a esa información. (Corte Constitucional,
Sentencia C-974 de 2003).
[…] y con ese fin no se ideó mejor garantía y protección para
ellos que el registro mercantil […] y que busca asegurar la credibilidad
y confianza en el comercio, es evidente que se trata de una
función pública… la inscripción correspondiente genera la fe pública
[…]. (C. S. J., Sala Civil, Sentencia del 1.° de abril de 2006, expediente
1997-01813-01).
Entonces, habiéndose consagrado el principio general que enseña que
solo pueden inscribirse documentos autenticados externa o internamente,
resulta apenas natural que el registro cree una verdadera presunción legal