en colombia

308 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 309
sin ánimo de lucro; o aún si ostentan la condición de comerciantes o de personas
naturales no comerciantes.
En tercer lugar, conforme las reglas ya existentes desde la Ley 1150
de 2007, se prevé una reducción del término de firmeza de la inscripción a
diez días hábiles, contados a partir de su publicación en el RUES. Del mismo
modo, se introduce una disminución del término para responder la impugnación
de la inscripción, a veinte días hábiles desde la presentación del escrito
por la entidad estatal.
En cuarto lugar, el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 18 (Estatuto
Anticorrupción) encarga a las cámaras de comercio «hacer explícita en el
texto del respectivo certificado» la inhabilidad por incumplimiento reiterado,
teniendo como fundamento el reporte de multas y sanciones con carácter
de incumplimiento que hayan sido impuestas por las entidades del Estado al
proponente en un mismo período fiscal. Para esta labor, el nuevo sistema del
RUES cumple una función vital, conforme se detallará más adelante.
5.7 El Decreto 734 de 2012
Entre tanto, siguiendo la metodología regulatoria creada por la Ley 80 de
1993, la determinación de las condiciones para la verificación documental,
18 Ley 1474 de 2011. «Artículo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará
inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución
de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias
entidades estatales;
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por
los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias
entidades estatales;
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir
de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de
Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas.
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.
Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente Artículo se extenderá a
los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad,
así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con
posterioridad a dicha declaratoria».
la forma de llevar el registro, la función certificadora, el reporte de entidades
estatales y las tarifas por el servicio registral siguieron siendo definidas
por el Gobierno nacional a través del reglamento. Conviene mencionar
que la primera reglamentación del RUP surgida al amparo del Estatuto
Antitrámites fue la contenida en el título vi del Decreto 734 del 13 de abril de
2012 (conocido en su momento como el «decreto único de la contratación
pública»), cuyas principales características pueden exponerse de forma sucinta
de la siguiente manera:
Cambió la forma de clasificación de los proponentes al adoptar el
Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, reduciendo
la clasificación general de los proponentes a una sola actividad principal y
máximo tres clasificaciones secundarias. Así mismo, impuso un férreo control
al exigir que los códigos CIIU hasta 4 dígitos empleados en la clasificación
coincidieran fielmente con los códigos reportados por el interesado
al Registro Único Tributario, RUT, de la DIAN y a los revelados en el registro
mercantil o de entidades sin ánimo de lucro de las cámaras de comercio,
cuando era del caso.
El Decreto 734 de 2012 también redefinió los indicadores sobre los que
debía sustentarse la capacidad financiera de los proponentes: de un lado,
exigió que todos los inscritos, con independencia de las actividades en las
que se clasificaran, tendrían que revelar su «capital real», su «liquidez», el
«nivel de endeudamiento», su «capital de trabajo» y calcular su «indicador
EBITDA». Asimismo, a los constructores se les pidió determinar, adicionalmente,
su «indicador de crecimiento EBITDA» y el «indicador de riesgos».
Finalmente, los proveedores tendrían que mostrar todos los anteriores indicadores,
más la «rotación de inventarios».
En cuanto al requisito de «experiencia», el Decreto Único de la
Contratación Pública había distinguido entre la «experiencia probable» en
cuanto experiencia presunta y formal, vinculada a la simple antigüedad del
inscrito, y la «experiencia acreditada», atravesada por un criterio material,
consistente en certificar hasta los diez mejores contratos ejecutados y terminados
por el proponente en cada actividad en que se inscribiera. La determinación
de este requisito habilitante se basaba, también, en una idea de
economía, prefiriendo una muestra representativa de los mejores contratos
del interesado (hasta diez en cada actividad) y no una larga relación histórica
de todos y cada uno de los contratos que el proponente quisiera revelar.