en colombia

206 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 207
como procedimiento administrativo
presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento
del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código
Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de
la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los
procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme
a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho
de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente Ley.
En todas las entidades, dependencias y despachos públicos,
debe llevarse un registro de presentación de documentos, en los
cuales se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos
que se presenten por los usuarios, de tal manera que estos
puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de
los criterios señalados en el reglamento mencionado en el inciso
anterior, el cual será público, lo mismo que el registro de los
asuntos radicados en la entidad u organismo. Tanto el reglamento
como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios en la
oficina o mecanismo de atención al usuario.
Cuando se trate de pagos que deba atender la administración
pública, los mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestal.
Asimismo, el CPACA, al regular los principales deberes de las autoridades
en la atención de las peticiones del público, dispone lo siguiente:
Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público. Las
autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan
y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:
[...] 4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades
del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de
peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado
en el numeral 6 del artículo 5 de este Código.
Por tanto, las cámaras de comercio, en cuanto a los particulares que
ejercen una función administrativa, están obligadas a observar dicho mandato
en el trámite de las peticiones que se les presenten. Así lo puso de presente
el artículo 16 del Decreto Ley 019 de 2012:
«Artículo 16. Extensión aplicación Ley 962 de 2005: Los artículos 15
y 16 de la Ley 962 de 2005 serán igualmente aplicables a los particulares
que cumplen funciones administrativas».
De tal manera que privilegiar en los tiempos de atención cualquier petición
de registro que no tenga prelación legal alguna, constituye una grave
vulneración a la igualdad y al debido proceso administrativo.
La segunda razón que justifica la radicación cronológica de las peticiones
de registro, es de orden estrictamente técnica: el principio de prioridad o
rango registral, el cual deriva de la aplicación de la máxima «prior in tempore
potior in iure» (primero en el tiempo, mejor en el derecho), según el cual los
actos deben registrarse de acuerdo con el orden de llegada al registro, y el
registrador debe dar un trato jurídico preferente a la solicitud que se hubiese
formulado válidamente con anterioridad a las demás 17 . En las disposiciones
reglamentarias del registro público mercantil, este principio se expresa
de la siguiente manera:
Procedimiento para llevar el registro mercantil. La matrícula del
comerciante y del establecimiento de comercio, así como su renovación,
se efectuarán mediante la presentación del formulario
respectivo debidamente diligenciado.
Los modelos de los formularios de matrícula serán uniformes
en todas las cámaras de comercio y deben ser autorizados previamente
por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Al momento de ser presentados los documentos para la inscripción,
las cámaras los radicarán con indicaciones de la hora y
fecha de recepción.
La inscripción de los actos y documentos se efectuará en
estricto orden cronológico, de acuerdo con la radicación de los
mismos, mediante extracto de su texto en los libros respectivos
[...]. (Superintendencia de Industria y Comercio, Circular Externa
15 de 2001).
17 Consejo de Estado, exp. 7283 (Sección Primera. Sentencia de julio de 2006).
Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón.