en colombia

188 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 189
como procedimiento administrativo
inscripción de los actos o contratos sujetos a registro, en las peticiones
para certificar actos o contratos inscritos, así como en las
peticiones relacionadas con la modificación, corrección o aclaración
de las matrículas, inscripciones o certificaciones emitidas por
las cámaras de comercio. (Montes, 2005, p. 159).
Así pues, el procedimiento administrativo de registro, es decir, aquel
que discurre –con todas sus contingencias– entre la petición de registro y la
inscripción de la matrícula, libro, acto o contrato, principia de ordinario con
el ejercicio del derecho de petición en interés particular; asunto que guarda
perfecta simetría con lo dispuesto en los artículos 4.° y 35 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6 (en adelante
CPACA sustituido en lo respectivo por la Ley 1755 de 2015, la cual entró
en vigencia el 30 de junio de 2015), como una de las formas para iniciar o
poner en movimiento el procedimiento administrativo.
Bien significativo es que la actuación registral, salvo escasísimas excepciones
legales 7 , resulte enervada por petición de parte interesada y no
6 Ley 1437 de 2011: «Artículo 4. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las
actuaciones administrativas podrán iniciarse: […] 2. Por quienes ejerciten el derecho
de petición en interés particular» (resaltado nuestro).
«Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos
se adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos, de
conformidad con lo dispuesto en este Código o en la ley.
Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos
únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico solo
cuando lo autoricen este código o la ley, debiendo informar de la iniciación de la
actuación al interesado, para el ejercicio del derecho de defensa.
Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las
actuaciones, con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho
de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda
audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella».
Respecto de esta última disposición, transcribimos el siguiente comentario:
«Si bien es cierto que el artículo 35 en comento no indica expresamente que los
procedimientos se inician también a petición del interesado, ello se deduce del
inciso 2.°; pues allí se deja entrever que además de los procedimientos iniciados de
oficio hay otros […]» (Robledo, 2011, p. 204).
7 Son ejemplos recientes de la iniciación oficiosa del procedimiento registral, la
depuración de matrículas mercantiles y la declaración del estado de disolución
de sociedades comerciales, conforme las hipótesis previstas en los parágrafos
1.° y 2.° del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010. En este caso, la misma ley y el
como una actividad ex oficio. Ese carácter es consecuencia directa de uno
de los principios que rigen la actividad administrativa registral: el principio
de rogación o de instancia. Para explicar este punto, ha dicho la doctrina notarial
española que el llamado «principio de rogación o de instancia» es de
carácter formal, en cuanto condición previa para iniciar el procedimiento de
inscripción. Se concreta en una manifestación de voluntad dirigida al registrador,
para que este inicie el procedimiento registral:
En virtud de este principio, los asientos en el registro se practican
a solicitud de la parte interesada o por mandato de autoridad judicial
o administrativa. La actuación del registrador es rogada, de
tal manera que si tiene conocimiento de que en la realidad jurídica
se ha producido un acto registrable, no podrá actuar de oficio,
pues una vez presentada la solicitud o petición de la inscripción,
el procedimiento que adelanta el registrador es automático, en
virtud del carácter de interés público de la institución del registro
(Roca, como se cita en Caicedo, 2005, p. 83).
Que la actuación administrativa de registro inicie, por regla general, a
petición de la parte interesada, tiene sustento, también, en el carácter eminentemente
reglado de la función administrativa del registro público. Sobre
este aspecto, de singular trascendencia, la Superintendencia de Industria y
Comercio ha sostenido lo siguiente:
Ejercicio del control formal de legalidad por parte de las cámaras
de comercio. Naturaleza rogada del registro público.
Las cámaras de comercio son entidades privadas que ejercen
funciones públicas por delegación del Estado. Es decir, su competencia
es restringida, toda vez que solamente [sic] se les permite el
ejercicio de un control sobre actos sometidos a registro, conforme
reglamento (incluyendo dentro de este género las instrucciones impartidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Circular Externa 019 de
2011), fijaron pautas para comunicar y permitir la integración del interés de todos
aquellos posibles afectados con la iniciación de la precitada actuación administrativa,
a fin de proteger los principios de publicidad y contradicción.